VALLADOLID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
El director general de Turismo de Castilla y León, Javier Ramírez, ha abogado por unos criterios básicos de regulación de las viviendas de uso turístico comunes a todo el país a las que después adapten su normativa las comunidades, las competentes en esta materia.
Ramírez, en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la evolución del turismo internacional en el primer semestre, ha aseverado que "no puede ser" y "no tiene sentido" que el Gobierno central, al margen de que la competencia sea autonómica, se quede "al margen" de este asunto que afecta al conjunto del país.
"No puede ser que cada comunidad haga lo que crea más conveniente", ha señalado el director general, quien considera que no sólo debe tenerse en cuenta esta necesidad desde el ámbito del Turismo, sino también del de la Agencia Tributaria e Interior, en lo que se refiere al control de seguridad a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Precisamente este miércoles el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha adelantado que abordará la regulación del alquiler vacacional en septiembre, cuando eche a andar el grupo de trabajo acordado con las CCAA en la Conferencia Sectorial y en el que se dará voz a plataformas como Airbnb o HomeAway, con el objetivo de establecer unas líneas maestras generales que arrojen luz a la maraña normativa actual sobre viviendas de uso turístico.
La titular de Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que ya se revisa toda la normativa existente sobre viviendas de uso turístico, tanto de los decretos autonómicos como de las leyes que habría que cambiar para "tratar de encajar la definición de vivienda turística", lo que conllevará además algunos cambios en la normativa estatal sobre arrendamiento.
Precisamente el decreto que regula esta materia en Castilla y León, que se publicó en febrero de 2017 (Decreto 3/2017, de 16 de febrero), fue recurrido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que lo estimó parcialmente, mientras que desestimó el presentado por la Federación Española que aglutina a los propietarios de las mismas (Fevitur).
En concreto, la Sala de lo Contencioso estimó parcialmente el recurso de la CNMC y anuló la prohibición de cesión por habitaciones de la vivienda de uso turístico, por considerar que dicha limitación al ejercicio de la actividad turística no se encuentra justificada por razones de interés general, ni de protección del consumidor o usuario ni su prohibición deriva de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
El recurso se desestimó en lo demás y declaró conforme a derecho la reglamentación establecida al estimar que las condiciones establecidas al ejercicio de esa actividad económica están justificadas por la protección que pretenden de los consumidores y usuarios de este servicio.
Sin embargo, la Junta incidió en su día en que el Tribunal Superior de Justicia ha confirmado que la regulación de las viviendas de uso turístico "se ha ajustado a la legalidad ya que sólo se ha estimado la reclamación por uno de los preceptos, de los doce que se han impugnado".
En esta línea, el directo general de Turismo ha señalado este miércoles que se encuentra en vigor, la postura de la Junta es la misma y se encuentra a la espera un nuevo pronunciamiento judicial o de la CNMC.
