HUELVA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Agricultura y Pesca cederá la propiedad de 40 inmuebles correspondientes al patrimonio de las cámaras agrarias locales a 31 ayuntamientos de la provincia de Huelva con el objetivo de "permitir que los agricultores y ganaderos y la ciudadanía en general puedan beneficiarse de su uso", según ha explicado el viceconsejero de Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Serrano.
El viceconsejero ha hecho estas declaraciones durante el encuentro que ha mantenido este miércoles en Huelva con representantes de estos ayuntamientos para informarles sobre los detalles de esta cesión, que "permitirá que estos inmuebles sigan vinculados a su origen agrario".
Durante el encuentro, el viceconsejero ha explicado que la Comisión Liquidadora ha acordado "atribuir estos bienes a aquellas entidades locales que ya estuvieran haciendo uso de los mismos para garantizar así que sigan siendo utilizados por todas aquellas personas que así lo deseen".
En este sentido, ha destacado que "el principal objetivo" de esta operación es dar "continuidad a los acuerdos de cesión que en su momento formalizaron las cámaras agrarias locales en representación del sector de la correspondiente localidad".
Esta operación, enmarcada en el traspaso de un total de 202 bienes muebles e inmuebles a 161 consistorios andaluces que ya estaban haciendo uso de los mismos, supone "un paso más" en el proceso de reparto de este patrimonio, en el que se incluyen edificios emblemáticos y "muy significativos", tras la entrega de llaves de las cámaras agrarias provinciales a las organizaciones profesionales agrarias que se realizó el pasado mes de febrero.
La extinción de las cámaras agrarias de Andalucía es uno de los objetivos cumplidos por la Consejería en la Legislatura a través del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio de medidas urgentes de reordenación del sector público de Andalucía.
Por su parte, el viceconsejero ha remarcado que en el marco de este encuentro han trasladado a los representantes municipales que deben tener "sensibilidad" con las organizaciones agrarias. Ha recordado que algunas de ellas consideraban que estos bienes "debían volver a donde procedían", ya que en su momento se obtuvieron por parte los propios agricultores y el decreto ley fijó por tanto dos paquetes: "uno para las asociaciones agrarias y otro para los ayuntamientos" y en este caso, que se controlara que no se usan para otros fines.