ALMERÍA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La representación legal del Ayuntamiento de Almería y la de la compañía de soluciones tecnológicas y servicios de información Telvent han expuesto este martes sus argumentos ante el juez por la petición de medidas cautelarísimas solicitadas por la concesionaria de los servicios derivados de la Ciudad Digital en relación a la entrega al Ayuntamiento de los recursos para gestionar el sistema de control de tráfico y seguridad vial, de manera que el Consistorio ha alegado que, en caso de no poder acceder a ellos, prevé una situación de "caos inmediato, total y absoluto" en la circulación de la ciudad.
Durante la vista celebrada en el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Almería, el Ayuntamiento ha defendido la necesidad de acceder a estos servicios que alberga el edificio de usos múltiples de El Toyo y que la concesionaria "ha dejado de prestar unilateralmente". Así, ha expuesto que las pretensiones del Consistorio pasan por ofrecer un servicio "normal" a los ciudadanos, si bien este aspecto es "impedido" por Telvent dado que "no presta el servicio ni entrega la concesión" de los mismos.
En esta línea, los recurrentes del acuerdo de gobierno local, por el que se adoptaba el rescate del servicio y la toma de medidas provisionales encaminadas a facilitar la gestión a otra empresa, han descartado que exista riesgo para la seguridad vial a raíz de la suspensión "temporal" del servicio que, según ellos, adquiere un cariz de "calidad" que "no se puede tener si no se paga", de manera que ha puntualizado que el "riesgo" en el tráfico se podría derivar de la actitud de los conductores.
La representación de Telvent ha apuntado además que el control semafórico de la ciudad se sigue prestando de forma "automática" a través del sistema tecnológico desarrollado por la compañía, una tecnología que se atribuye también en propiedad, por lo que se ha mostrado contrario a la cesión de este sistema a una empresa de la competencia ante posibles "transtornos no reparables".
Así, han recalcado que la titularidad del edificio de la Ciudad Digital es propiedad de Telvent hasta que no acabe el plazo de 20 años por el que se adjudicó la concesión que, por otro lado según sus argumentos, se realizó de forma "unitaria" por lo que, a su parecer, "no se puede sacar un capítulo" en el rescate atendiendo a las medidas provisionales aprobadas por el Ayuntamiento que afectarían a la gestión del tráfico únicamente.
El Ayuntamiento por su parte ha defendido la titularidad del edificio de usos múltiples y ha presentado una serie de informes realizados por la Policía Local, el servicio de transporte urbano Surbús y el servicio de ambulancias que avalan que se han producido ya "algunas incidencias" en el tráfico de la ciudad debido a "desajustes" del sistema semafórico, de forma que ha advertido de que este sistema "se irá deteriorando" si no se le permite acceder a su control. En este sentido, ha precisado algunos puntos que se han visto alterados como el Paseo de Almería, la Plaza Circular y la rotonda de Oliveros.
NECESIDAD "IMPERIOSA"
Durante el acto de sala también ha declarado uno de los funcionarios municipales encargados de la supervisión del sistema semafórico, quien ha calificado de "imperiosa" la necesidad de acceder al sistema para evitar situaciones de peligro entre los peatones y el tráfico. Así, ha indicado "no conocer" otro medio para controlar el tráfico que no sea el acceso a la Ciudad Digital, si bien explicado a preguntas del recurrente que sería "imposible" que "dos semáforos se pongan en verde a la vez" y que los técnicos pueden acceder a las cajas de los semáforos en caso de averías.
Aunque la empresa ha señalado que el Ayuntamiento cuenta con medios para mantener un control sobre el tráfico mientras este se gestiona automáticamente, sentido en el que ha solicitado nuevamente que se confirmen todas las medidas cautelares solicitadas, desde la defensa se ha matizado que "no hay policías suficientes" para control cada cruce semafórico. "No presta el servicio ni entrega la concesión", ha recalcado el abogado del Consistorio, quien ha solicitado que se levanten las medidas cautelares.