ALMERÍA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz ha solicitado a la Consejería de Presidencia de la Junta que le remita información sobre el proceso de contratación de los auxiliares de playa después de que ocho asociaciones de personas con discapacidad denunciase que se habría "vulnerado la normativa" y obviado que se exige reservar un 10 por ciento de plazas para personas con discapacidad.
La oficina que dirige Jesús Maeztu ha admitido a trámite la queja y ha iniciado las actuaciones para determinar si, tal y como indican los colectivos denunciantes, el procedimiento seguido para la selección de 3.000 vigilantes de playa habría llevado "a privar a al menos 300 personas" de un puesto de trabajo".
En concreto, según consta en el escrito del defensor, se ha solicitado a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública "que aporte cuanta información disponga sobre los hechos" trasladados por las ocho asociaciones, que consideran que la Junta habría incurrido en "discriminación".
El escrito de queja, consultado por Europa Press, indica que, de acuerdo la información recabada por los colectivos, en las "búsquedas" en cada una de las bolsas de trabajo, la Junta "no ha realizado ningún filtro para detectar a los demandantes de empleo con discapacidad que hay" pese a tener las bolsas "carácter preferente a la hora de conseguir aspirantes para los puestos de trabajo a cubrir".
Añade, en esta línea, que "decenas" de personas con discapacidad en cada una de las provincias costeras andaluzas se han puesto en contacto con las asociaciones del tercer sector "para indicar que no se les ha avisado" en este proceso selectivo público de personal laboral aunque sí estaban "inscritos en dichas bolsas de trabajo", vía preferente para la sección de aspirantes.
Los colectivos que firman la queja entienden que el Gobierno andaluz "ha evadido mediante una normativa exprés y de supuesta urgencia", la norma que le obliga a reservar un 10 por ciento de plazas y ha "convertido en papel mojado" con la "fórmula" utilizada para la contratación de estos vigilantes de playa "su propia Ley de Atención a las Personas con Discapacidad" y los "derechos que tanto trabajo ha costado conseguir".
"Los procedimientos de urgencia tiene como fin acortar plazos, pero en ningún caso recortar los derechos de una población especialmente golpeada por la crisis social, laboral y sanitaria que se vive motivada por el covid-19", critican al tiempo que advierten de que nada "justifica" el que se haya cometido "tal infracción".
En la queja presentada a la oficina que dirige Jesús Maeztu, señalan, asimismo, que tampoco "exonera" del cumplimiento de las normas que obligan a la reserva de plazas "que se requiriesen determinadas facultades que no concurran en las personas con discapacidad, dada la escala a la que se refiere la contratación y las funciones que se requieren a los contratados".
DENUNCIANTES VEN "DEJACIÓN DE LA JUNTA"
Las ocho asociaciones firmantes concluyen que hay una "dejación" por parte de la Junta y detallan varias fórmulas que podría haber arbitrado para la contratación de 300 personas con discapacidad pese a la "urgencia del procedimiento".
"El decreto-ley de la Junta ya preveía que para este proceso se disponga de las personas que aparecen las bolsas existentes en la administración autonómica, y, en cualquier caso, bastaba con permitir que las solicitudes que se presentasen indicasen la existencia de una discapacidad y abordar lo procedente para respetar las cuotas de reserva a favor de esta población", explican.
Aluden, asimismo, a que a esto se une que las personas integrantes en los listados resultantes de la integración de las Bolsas de Trabajo de personal de servicios generales "eran susceptibles, por tanto, de ser llamadas para incorporarse a estas ofertas de empleo".
En su escrito, ANDA, A Toda Vela, Verdiblanca, Asoal, Asalsido, Asperger, Dárata y Aspapros le pedían al Defensor del Pueblo andaluz que instase al Gobierno andaluz a "reparar" esta actuación "contraria a la ley" y a que procediese a la contratación "inmediata" de, al menos, 300 personas con discapacidad.
Interesaba también que, en caso de que entendiese que el decreto ley es "contrario a derecho" dado que "vulneraria derechos fundamentales y habría derivado en discriminación", lo recurriese "incluso al Tribunal Constitucional con todas las consecuencias inherentes aparejadas".
