ALMERÍA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Junta andaluza ha abierto dos expedientes sancionadores a la empresa que promovió el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola en el municipio de Tabernas (Almería) por el que han sido imputados el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono, y dos jefes de servicio de este departamento tras detectar que se estaría cultivando en regadío cuando se dio permiso para olivar en secano.
Uno de los expedientes a Gespater SLU, el que se encuentra más avanzado en su tramitación al encontrarse en fase de alegaciones a la propuesta de resolución, responde a una infracción a la normativa forestal y se inició a raíz de la denuncia de agentes de Medio Ambiente que apreciaron un supuesto incumplimiento a la resolución que autorizó este cambio de uso de suelo por parte de la Dirección General de Gestión del Medio Natural.
En concreto, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería, la infracción que se imputa a la mercantil afecta a la autorización que se le dio para un total de 214 hectáreas de cultivo de olivar en secano, y la sanción que contempla la normativa comprende multas que oscilan entre los 6.010,13 a 60.101,21 euros.
El segundo de los expedientes, cuya incoación se ha notificado a Gespater y actualmente en fase de alegaciones para solicitar los informes oportunos y elevar propuesta de sanción, investiga una posible infracción a la norma de aguas.
Las mismas fuentes han precisado que se habrían extraído aguas subterráneas de cinco sondeos "sin autorización administrativa", lo que es sancionable con una multa que oscila entre los 6.010,13 euros y los 300.506,61 euros, la obligación de inutilizar los pozos denunciados y la de indemnizar por daños causados al Dominio Público Hidráulico.
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción 1 de Almería ha imputado a Ortiz Bono y a dos jefes de servicio de Gestión del Medio Natural después de que la Fiscalía apreciase por "irregularidades y omisiones" en la tramitación del cambio de uso de forestal a agrícola de este paraje y pidiese la apertura de diligencias previas para dirimir si se produjo un presunto delito de prevaricación.
La Fiscalía considera que la autorización de cambio de uso de suelo promovida por Gespater SLU hubiese precisado de autorización unificada ambiental de acuerdo a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental ya que, según se desprende de la memoria técnica y de la documentación que acompaña a la solicitud de la empresa, "la explotación iba a ser de regadío aunque posteriormente se modificase la solicitud inicial a olivar de secano".
Rechaza, así, lo sostenido por los técnicos de la Delegación en un informe que le requirió el propio Ministerio Público en el marco de su investigación y en el que decían que la autorización unificada ambiental sólo es precisa cuando lo que se va a autorizar supone "la eliminación de cubierta vegetal arbustiva", una premisa que en este caso no se daría "al no incluir en ese concepto las especies de matorral".
En concreto, la Fiscalía remarca que la consideración de los técnicos de Medio Ambiente sobre la "vegetación natural existente" antes de la transformación de suelo es "estimativa" ya que no se realizó visita a la "mayor parte de los terrenos" afectados y "no se efectuó ningún informe sobre el tipo de vegetación existente en las parcelas" sobre las que se pronunciaron "dos de los tres expedientes".
Alude, en este punto, a que el tercero de los expedientes y último incoado, sí incluyó inspección a las parcelas y sí detectó "la presencia de una especie protegida bajo la categoría de vulnerable que exigió --subraya-- que la resolución que autorizaba el cambio de uso estableciese condiciones para su salvaguarda".
"No es posible conocer en ese momento si la referida especie estaba también presente en las parcelas a las que afectaba los otros dos expedientes porque en aquellos no se emitió ningún informe sobre ello. Ni siquiera en la memoria técnica que aporta el solicitante se hace referencia alguna a las especies existentes en la parcela en cuestión", manifiesta.
RESOLUCIONES CON "OMISIÓN" DE INFORMES
Con respecto a los dos expedientes cuestionados, la Fiscalía apunta la necesidad de indagar en el hecho de que dos jefes de servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación, "efectuasen propuestas de resolución autorizando el cambio de uso sin los informes sobre repercusión en los hábitats naturales de interés y sobre la posible presencia de especies amenazadas de flora y fauna" en los suelos afectados.
En uno de los casos, reprocha que el jefe de servicio lo hiciese así cuando "él mismo había solicitado" los preceptivos informes y, en el otro caso, le reprocha a la jefa de servicio que, además, obviase presuntamente que tampoco tenía informe sobre la afección a vías pecuarias de lo solicitado.
En su declaración ante la jueza instructora, Alejandra Dodero, Ortiz Bono indicó que su intervención "limitó" a "dar el ok" a las propuestas de resolución favorables "hechas por los técnicos" e hizo alusión que la Delegación estaba procediendo a la revisión de las autorizaciones bajo sospecha tras detectar que "el cambio de uso a secano autorizado se estaba convirtiendo en regadío".
