PSOE pide una mesa de negociación para reubicar a los 250 desalojados por el derribo de chabolas en El Ejido (Almería)

EL EJIDO (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha urgido la constitución de una mesa de negociación entre administraciones y agentes sociales para analizar la reubicación de las más de 250 personas que van a ser desalojadas para el derribo de 120 infraviviendas en el paraje las Chozas de Redondo en El Ejido (Almería).

En un comunicado, el portavoz municipal en El Ejido, José Miguel Alarcón, ha lamentado que, una vez "más", el equipo de gobierno formado por PP y Vox "no cuente con la oposición para temas tan sensibles".

"La historia se repite y el gobierno local no cuenta con el resto de grupos políticos con representación en la corporación para buscar soluciones a todos los ciudadanos", ha criticado en alusión a la penúltima polémica surgida después de que el Ayuntamiento solicitase abandonar en Sistema Viogén de protección a las mujeres víctimas de violencia de género.

Alarcón, quien ha insistido en que el acuerdo para el desalojo y derribo de este asentamiento se adoptó por unanimidad en un órgano de gobierno con la única representación de PP y Vox, ha apuntado que el citado acuerdo "deja sin una solución a muchas familias".

"Si bien es cierto que las condiciones en las que viven son inhumanas, también lo es que no podemos permitir que casi 300 personas queden totalmente desamparadas", ha indicado.

Desde el PSOE han abogado por constitución "urgente de una mesa de negociación" en la que todas las "administraciones competentes estén presentes" y en la que se cuente también para ello con la presencia de las principales organizaciones y oenegés "que dedican su labor diaria a la prestación de asesoramiento y ayuda a estas personas inmigrantes que se encuentran en una clara situación de exclusión social".

"Desde este grupo municipal socialista no pararemos para no dar lugar a que estas familias se queden sin un techo bajo el que vivir, porque no podemos permitir que no se les ofrezca una solución de reubicación, ya que no podemos olvidar que son personas", ha concluido.

EL ALCALDE CREE QUE LA "REPERCUSIÓN PÚBLICA" SE DEBE A VOX

Mientras, desde el equipo de gobierno que lidera Francisco Góngora (PP) han declinado hacer ningún pronunciamiento al respecto si bien en el transcurso del último pleno, celebrado cuatro días después del acuerdo para el desalojo y derribo, el propio alcalde advertía de la "repercusión pública" que podría tener debido a la coalición con Vox.

"Basta que esté Vox en coalición para que tenga aún más relieve", decía en alusión a la decisión, luego revocada, de abandonar el sistema Viogén para, a continuación, aludir a lo que podría pasar "cuando hagamos el próximo derribo de asentamientos chabolistas".

Góngora reconoció haber comentado este extremo en el seno de la junta de gobierno del día 26 de septiembre. "Lo estuvimos comentando. Hemos estado haciendo demoliciones de asentamientos chabolistas que no han tenido repercusión y los seguiremos haciendo pero estoy seguro de que cuándo hagamos el próximo, con todas las garantías legales habidas y por haber, volverá a tener interés mediático", aseguró.

SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

La ejecución del desalojo, para el que da a los afectados un plazo de 72 horas, y el derribo se aprobó tras rechazar las alegaciones que presentaron los moradores de las chabolas contra un procedimiento que se inició hace tres meses.

Según el acuerdo, consultado por Europa Press, en el polígono 24, parcela 66 del citado paraje se "aprecia" la existencia de un asentamiento con "120 habitáculos autoconstruidos" como chabolas "bajo deficientes condiciones de habitabilidad y salubridad".

Recoge que estas infraviviendas se encuentran ocupadas por "entre 250 y 300 personas", entre ellas mujeres y niños, que habitan "en una situación de riesgo físico" y señala que "no tendrían derecho de realojo tras el desalojo" al no estar en los supuestos contemplados por los artículos 19 y 21 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

El acuerdo de junta de gobierno insta, ante el "inminente riesgo físico", a los moradores de las infraviviendas a que las abandonen en "un plazo de 72 horas, con sus respectivos útiles y enseres" y ordena a los propietarios del suelo a que, en 48 horas después "del completo desalojo de moradores y transeúntes", procedan a su costa a la demolición.