Responsables de Briseis aceptan 20 meses por muerte de dos operarias en la explosión de la fábrica

Actualizado 09/11/2012 12:55:36 CET

La gerente de la subcontrata para la que trabajaban las víctimas pagará una multa de 1.800 euros

ALMERÍA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El administrador de la empresa de productos de aseo personal e higiene Briseis, así como el jefe de fábrica y el responsable de mantenimiento de la planta de Benahadux (Almería) han aceptado penas individuales de 20 meses de prisión por la muerte de dos trabajadores durante la explosión registrada en septiembre 2007, que dejó, asimismo, diez heridos con lesiones de diversa consideración.

En la vista oral que debía celebrarse este viernes ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería, Carlos B.L.H., Carlos Antonio G.S. y Juan Carlos G.M. han mostrado conformidad después de que la fiscal modificase su escrito de calificación provisional al estimar que, dado que se han satisfecho las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil, es de aplicación la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Para la cuarta acusada, Françoise M., gerente de la subcontrata Auxiple en la que estaban empleadas las dos fallecidas, el Ministerio Público ha solicitado un mes de multa a razón de una cuota diaria de 60 euros por una falta de lesiones imprudentes con resultado de muerte, pena que ha aceptado según ha indicado en declaraciones a los periodistas el abogado Luis Molero, del despacho de abogados Garrigues.

En su escrito de calificación provisional el fiscal interesa penas de tres años y tres meses de prisión por la comisión de dos delitos de homicidio imprudente en concurso ideal con un delito contra los derechos de los trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal, además de diez delitos de lesiones imprudentes.

Los acusados han aceptado los hechos recogidos en la acusación del Ministerio Público que desgranaba irregularidades en la obra ejecutada en una tubería de alcohol, que se rompió y originó el vertido de líquido inflamable. Subrayaba, asimismo, que la planta química carecía de un plan de actuación ante emergencias y destacaba importantes deficiencias a la hora de evaluar riesgos laborales ya que en esta no se contemplaba que se pudiera producir un siniestro de estas características.

El fiscal vinculaba la "falta de información y formación" en esta materia a las fatales consecuencias del incendio y la posterior explosión y explica que el jefe de fábrica ordenó a las trabajadoras de la línea de envasado que limpiasen el derrame de "forma precipitada y sin dotarlas de calzado y ropa adecuada" y haciendo uso de "fregonas, cubos y recogedores".

A continuación, según recogía, pidió al jefe de mantenimiento, quien resultó herido de extrema gravedad en la explosión, que cortase la corriente en un cuadro eléctrico instalado en la sala donde se estaba produciendo el vertido de alcohol, lo que generó una chispa de la que derivó la deflagración inicial para después propagarse hasta el exterior, donde el fuego alcanzó a los empleados que recogían el líquido inflamable.

En el escrito de acusación se reprochaba al director de fábrica que su actuación ante la rotura de la tubería no fuese la de "evacuar al personal que se encontraba en las inmediaciones y restringir el acceso" para "eliminar los posibles focos de ignición o impedir su aparición hasta la llegada de personas especializado y dotado de material adecuado".

IRREGULARIDAD PREVIA

Así, el fiscal atribuía a Carlos B.L.H., responsable de esta empresa de carácter familiar, el mal estado de la tubería usada para el transporte de la materia prima ya que su trazado había sido modificado con motivo de unas obras de ampliación de la fábrica de Benahadux apenas cuatro meses antes del accidente mortal "sin que para ello se contratase a un instalador autorizado".

Fue el jefe del servicio de mantenimiento, que en la actualidad sufre graves secuelas debido a que sufrió quemaduras en el 83 por ciento de la superficie corporal durante la primera explosión, quien supervisó la nueva instalación realizada por personal de Briseis junto a empleados de una contrata externa.

Además de reutilizar la tubería existente, de 1987 y "totalmente metálica y estanca", para conectar los diferentes tramos, el fiscal señala que "se uso un tubo flexible sujeto con bridas metálicas a la conducción original" según sus indicaciones en las que "prohibió expresamente que se realizarán soldaduras, al parecer, para evitar que se produjera un incendio".

El accidente se produjo a las 15,50 horas del 6 de septiembre de 2007 después de que el fuerte impacto de una carretilla elevadora provocase la ruptura del tubo por su parte "más débil", la que unía la parte metálica con la flexible. Mientras que recogían el derrame de alcohol Hermelinda M.G. y Julia Margarita M.O. fueron alcanzadas por las llamas. Fallecieron posteriormente en un complejo hospitalario debido a las graves quemaduras de segundo y tercer grado profundo.

Otros diez trabajadores, todas mujeres a excepción de Juan Carlos G.M., sufrieron lesiones de diversa gravedad. La mayoría han renunciado a todo tipo de resarcimiento al haber sido indemnizados por la empresa para la que trabajaban a través de la subcontrata Auxiple, a cuya responsable, Françoise M., se le reprochaba desde Fiscalía que no tuviese "ningún tipo de coordinación ni cooperación" con Briseis.