El subdelegado de Almería valora la colaboración para investigar el caso Koldo, que apunta al tramo Pulpí-Vera del AVE

ALMERÍA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha trasladado este jueves la "máxima colaboración" del Ejecutivo con la justicia después de que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, haya trasladado al juez que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional un informe en el que detalla presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, entre los que figuran el tramo Pulpí-Vera de las obras del AVE entre Almería y Murcia.

"Este Gobierno no se dedica a martillear discos duros, eso lo pueden tener claro", ha manifestado a preguntas de los medios el subdelegado, quien ha recalcado que no se va a "tapar" ni "amparar" ninguna "irregularidad" ante este tipo de investigaciones en las que aboga por la "máxima transparencia".

Así, ha valorado la "irreprochable contundencia" con la que ha actuado el Gobierno para que cualquier responsabilidad ante una posible irregularidad sea "depurada por los tribunales".

"Si se determinara la responsabilidad de que ha habido personas que se han dedicado a la manipulación o la alteración de la contratación pública para enriquecimiento personal, pues evidentemente que caiga todo el peso de la ley sobre ellos", ha añadido.

De este modo, ha contrapuesto la acción y postura del Gobierno con la del PP ante casos de supuesta corrupción investigados en sus filas. "Lo que no voy a hacer desde aquí es mandar un mensaje de apoyo o confiar en la inocencia de ninguno de ellos", ha dicho Martín, quien ha aludido directamente a la salida "entre aclamaciones de sus compañeros" del expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García tras su detención en el marco del caso 'Mascarillas'.

"Lo que pide la ciudadanía de nosotros es tolerancia cero a la corrupción y máxima contundencia y colaboración con la justicia" en lugar de "desear que se demuestre la inocencia de presuntas irregularidades que se demostrarán cuando se tengan que demostrar", ha insistido el subdelegado.

El oficio de la IGAE explica que han estudiado once contratos --cinco de Adif y seis de Carreteras--, de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción en el que figura uno en el que estuvo implicada Acciona, correspondiente con la construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería en el tramo Pulpí-Vera.

Una vez adjudicado el proyecto, "el contratista formuló una serie de reservas en la comprobación del replanteo", las cuales "determinan la tramitación de un proyecto modificado, previa tramitación del procedimiento para la continuación provisional de las obras", detalla el documento, consultado por Europa Press.

Según el informe, "la modificación del contrato fue acordada el 31 de julio de 2022" y "el adicional de gasto del mismo (incremento) fue de 24.155.223 euros, lo que supuso un 19,93% respecto del importe de adjudicación".

Hacienda pone de manifiesto "cambios significativos" entre las cifras del informe del proyecto y en el desglose por capítulos, unos datos que "fueron los que parece que se tuvieron en cuenta en el informe de la Inspección de servicios de 30 de marzo de 2022".

"La cercanía de ambos informes, junto con estos cambios, nos llevan a pensar que se acordó previamente que el importe de la modificación fuera de algo menos del 20%, siendo la distribución por capítulos cambiante", apunta.

Y remacha: "Es difícil entender que 'la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato', cuando ésta responde en su mayor parte, al menos, a defectos puestos de manifiesto por el contratista en el acto de comprobación del replanteo".