Andalucía establece un nuevo marco de medidas para garantizar la sostenibilidad de los aprovechamientos apícolas

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha informado este jueves en el Parlamento andaluz sobre las medidas que está desarrollando el Gobierno andaluz en relación con los asentamientos apícolas en los montes públicos de titularidad autonómica. Durante su intervención, la consejera ha destacado que la apicultura andaluza es "un referente nacional" por su contribución económica, su papel estratégico en la conservación de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas forestales.

Catalina García ha remarcado que miles de colmenas contribuyen cada año a la polinización de los montes andaluces, a la producción de miel y otros productos de alto valor añadido, así como al mantenimiento de la actividad en el medio rural.

La consejera ha explicado que el número de explotaciones apícolas ha crecido "de forma notable" en los últimos años, lo que ha provocado que la demanda de asentamientos supere con creces la oferta disponible. A esta circunstancia se suma la gratuidad del aprovechamiento en los montes públicos andaluces, una medida que la Junta mantiene "como muestra de apoyo a un sector que sufre bajos rendimientos y dificultades de viabilidad".

En su intervención, García ha subrayado que, plenamente conscientes de esta realidad, la Junta de Andalucía ha actuado impulsando un nuevo marco normativo que "moderniza, simplifica y fortalece" la gestión de los asentamientos apícolas en los montes públicos. Se trata del nuevo Decreto de aprovechamientos apícolas, que sustituye al Decreto 250/1997 y a su modificación de 2008.

Según ha señalado, esta actualización normativa "es una respuesta integral a los desafíos del sector y a las exigencias de una administración moderna, eficaz y cercana". El decreto, aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno, adapta la regulación andaluza a las leyes estatales 39/2015 y 40/2015, sobre procedimiento administrativo y régimen jurídico del sector público.

La consejera ha puesto el acento en que la nueva norma "permite aprovechar las ventajas de la administración electrónica, mediante un procedimiento completamente telematizado que posibilitará a los apicultores presentar solicitudes, autobaremarse y seguir su expediente por medios digitales". Con ello, ha afirmado, "se reducen las cargas burocráticas y se mejora la eficiencia de las unidades administrativas, que podrán verificar los datos y resolver de forma automatizada".

Entre los aspectos más relevantes, ha indicado que el decreto introduce una "nueva baremación más justa y transparente, que da prioridad a las personas apicultoras profesionales y a aquellas que aportan mayor calidad y valor añadido a sus productos". Además, ha señalado que apuestan por un "modelo apícola más profesionalizado, sostenible y competitivo, capaz de generar empleo en el medio rural y de mantener la riqueza natural de nuestros montes", ha añadido.

Asimismo, García ha reseñado que el texto refuerza los mecanismos de control y penalización para evitar el abandono de los asentamientos adjudicados, garantizando así "su ocupación efectiva y la correcta utilización del dominio público forestal". El decreto también fija "obligaciones claras" para quienes soliciten el aprovechamiento, entre ellas estar inscritos en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA), disponer de seguro de responsabilidad civil y cumplir las normas del Programa Nacional de Lucha contra las Enfermedades de las Abejas.

Según ha precisado la consejera, "de esta forma se refuerzan la sanidad apícola, la seguridad y la profesionalidad del sector". Además, ha detallado que la norma establece criterios técnicos precisos, como un cupo mínimo de cincuenta colmenas por asentamiento y una distancia mínima de quinientos metros entre asentamientos.

Asimismo, el decreto fija un plazo máximo de aprovechamiento de cinco años, garantizando así la continuidad de las explotaciones y la planificación de los recursos forestales. En cuanto al procedimiento, las convocatorias serán realizadas por la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad y publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía antes del 31 de marzo del año anterior al periodo de disfrute.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por medios electrónicos, en un plazo de veinte días hábiles, y las resoluciones se publicarán tanto en el BOJA como en la sede electrónica general.

Por último, García ha remarcado la importancia de esta actualización "para garantizar una gestión más eficiente de los recursos disponibles y asegurar que los asentamientos sean adjudicados a quienes realmente los aprovechan".