SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El próximo jueves 25 de febrero, a las 12,00 horas, se darán cita ante el Parlamento de Andalucía "varios miles" de comerciantes ambulantes, convocados por la Confederación de Empresas Pequeñas y Autónomos (Cempe-A), contra el ataque que supone para la profesión la aplicación de la Directiva de Servicios de la Unión Europea, más conocida como Bolkestein.

Según explicó Cempe-A en una nota, con esta concentración, las principales organizaciones del sector en Andalucía mostrarán su rechazo a los efectos "negativos" que tendrá una aplicación a "ultranza" de la norma europea y de su correspondiente transposición al derecho interno, y trasladarán a los grupos parlamentarios sus reivindicaciones para que se tengan en cuenta en la futura tramitación del Decreto Ley como proyecto de ley.

Según la norma autonómica, las licencias tendrán una duración determinada por un período de entre uno a cuatro años, correspondiendo a los ayuntamientos regular el procedimiento de concesión. La Directiva prohibirá de manera expresa que la antigüedad del prestador cesante sea considerada como un elemento favorable para la renovación, lo que conduce, según indicó, de manera "inevitable" a un concurso en igualdad de condiciones con todos los solicitantes, sean o no profesionales.

Desde Cempe-A se criticó que con este sistema se deja "a más de 43.000 autónomos del comercio ambulante de Andalucía en una situación de inestabilidad profesional y laboral, ya que no se garantiza la continuidad en los puestos tras el proceso de renovación de las licencias".

Este sistema, según indicó, "echa por tierra" la pretendida profesionalización del sector, con lo que "el comercio ambulante dejará de ser una profesión reglada para convertirse en una ocupación temporal y marginal, poniéndose en peligro la capacidad de los comerciantes para hacer frente a sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social".

Otra de las consecuencias negativas del sistema de concursos en igualdad de condiciones es la pérdida de las llamadas rutas de venta que han consolidado los vendedores a lo largo de los años, y que afectaría "negativamente" a la calidad del servicio prestado en los mercados.

De esta forma, apuntó que se abre "peligrosamente" la puerta a "multitud" de posibilidades, como la de que un vendedor vea reducido el número de mercados en los que vende actualmente a diario, o bien la de que acceda a mercados distintos a los que ya tiene y conoce, e incluso cabe la posibilidad de que se quede sin mercados, con lo que se afectaría directamente a la viabilidad de su negocio y pondría en peligro los ingresos de más de 43.000 familias andaluzas.