SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, se ha reunido este viernes con el presidente de la Confederación de Entidades para la Economía Social (Cepes-Andalucía), Antonio Romero, para informarle del proyecto de decreto que elabora su departamento, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Junta de Andalucía y se regula el régimen de bienes y servicios homologados.
Según explicó la Consejería en una nota, el decreto desarrolla la Ley de Contratos del Sector Público, en lo referente a los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades que integran el sector público, fijando quienes tienen la consideración de órganos de contratación, los supuestos que requieren autorización del Consejo de Gobierno, las competencias de los titulares de las diferentes consejerías, así como la composición, el funcionamiento y las funciones de las mesas de contratación en los procedimientos abiertos, restringidos y negociados.
Además, la norma define también las funciones del Registro de Licitadores y el Registro de Contratos en Andalucía, así como a la contratación de obras y servicios homologados y el texto ya se ha sometido al Dictamen del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES), que ha valorado, desde una perspectiva forma, "positivamente el proyecto, su oportunidad y acierto".
Desde la perspectiva material, el CES ha subrayado que la norma "ahonda en los esfuerzos por garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos" y ha destacado la voluntad de "asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, adquisición de bienes y la contratación de servicios".
Para la consejera de Hacienda y Administración Pública se trata de un proyecto de decreto "que viene a dotar de mayor seguridad jurídica y a eliminar la dispersión normativa en materia de contratación administrativa".
Por su parte, el presidente de Cepes-A, Antonio Romero, valoró el nuevo decreto de medidas fiscales y ha señalado que "la optimización de los ingresos mediante la subida de determinados tramos del IRPF autonómico era necesaria para obtener así la percepción generalizada de equidad en el reparto de la carga de la crisis, es decir de justicia distributiva".
No obstante, reclamó que esta medida sea acompañada de "una política decidida de lucha contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida, para lo que es muy necesario potenciar la coordinación entre las distintas administraciones tributarias".
En el capítulo de creación de tributos destaca el relativo al nuevo impuesto sobre depósitos de clientes, que se aplicará a las entidades de crédito con oficinas en Andalucía, "lo cual fue valorado por la patronal de la economía social andaluza" y destacó que las deducciones que de este impuesto se harán en caso de, entre otros motivos, "la concesión de créditos y préstamos a proyectos que se desarrollen en el marco de la Estrategia para la Economía Sostenible".
Romero también abordó el tema de nuevas medidas de protección fiscal y cláusulas sociales en la contratación pública para dar preferencia en los procesos de licitación a las empresas de economía social, "una economía promotora de cohesión social y creadora de empleo estable y sostenible como lo demuestran las últimas estadísticas de nuestro sector, que constatan que hemos generado 15.000 nuevos empleos director en el último semestre".
Además, en la reunión, a la que también asistieron la directora general de Patrimonio, Isabel Mateos, el vicepresidente de Cepes-A, José María Algora y el coordinador general de Cepes-A, José de Casas, presentó a la consejera su proyecto para la creación de un Fondo de Inversión Socialmente Responsable, que ya se está diseñando junto a algunas entidades financieras andaluzas y que selecciona la cartera de inversión conforme a criterios no sólo de rentabilidad económica sino también social y medioambiental.
REUNIÓN POR EL III PACTO ANDALUZ POR LA ECONOMÍA SOCIAL
Por otro lado, Cepes-A ha comenzado las sesiones de trabajo para la renovación del III Pacto Andaluz por la Economía Social, cuya vigencia termina el próximo mes de octubre, para lo que está elaborando un documento de concertación, "contando con las demandas, propuestas y sugerencias que lleguen desde la propia base empresarial, a la que está reuniendo en las ocho provincias".
Las sesiones, que comenzaron el pasado 23 de junio en Córdoba, han transcurrido pasando por todas las provincias andaluzas hasta hoy, en la que se ha celebrado la reunión correspondiente a la provincia de Sevilla, a la que han asistido una veintena de empresarios y empresarias del sector en la provincia para evaluar las primeras ediciones del acuerdo, identificar sus carencias y plantear las mejoras de cara al pacto, que se negociará con el gobierno andaluz.
El trabajo, coordinado por Juan Carlos Morán, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, supone el diseño conjunto de las líneas estratégicas para el crecimiento y fortalecimiento del sector en los próximos cuatro años, y con especial relevancia por cuanto las aportaciones proceden de los principales grupos relacionales implicados, la base empresarial de la economía social.
Para Romero, este trabajo persigue "poner de manifiesto que la economía social es competente para resolver problemas, para generar impulsos y para construir futuro, en particular en un momento en el que se ha realizado una apuesta clara y valiente por un nuevo modelo de desarrollo, el modelo de economía sostenible".
