SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las reclamaciones a las empresas de alquiler de coches y autocaravanas se han incrementado un 44 por ciento en 2009 con respecto al año anterior, de manera que la Junta de Andalucía desarrollará hasta finales del mes de septiembre una campaña para vigilar que las empresas que se dedican a alquilar vehículos sin conductor respetan los derechos que asisten a los consumidores en este ámbito.
Los inspectores de Consumo de la Junta de Andalucía controlarán como mínimo un centenar de establecimientos de este tipo repartidos por las ocho provincias andaluzas con un objetivo básico de evitar posibles abusos contra los usuarios. Se da la circunstancia de que la ciudadanía demanda este tipo de prestaciones con más frecuencia en esta época del año, según un comunicado de la Administración andaluza.
Dentro de los establecimientos que serán objeto de inspección durante esta campaña están incluidos los que ofrecen servicios en aeropuertos, estaciones e incluso en aquellos talleres de reparación de vehículos que ofrezcan alquiler de coches, dado que en ocasiones cuentan también con este tipo de prestaciones.
Del centenar de inspecciones que se efectuarán como mínimo en establecimientos de alquiler de vehículos de Andalucía, está previsto que los inspectores de Consumo hagan ocho en Almería; 15, en Cádiz; nueve en Córdoba; doce en Granada; siete en Huelva; ocho en Jaén; 20, en Málaga, y 21 en Sevilla.
La oportunidad de llevar a cabo este control específico a estos establecimientos viene motivada por los últimos datos sobre quejas de los usuarios en este ámbito. De hecho, el número de reclamaciones de usuarios en este sector se ha incrementado en un 44 por ciento en 2009 en relación con el año precedente, al pasarse de las 96 quejas registradas en 2008 ante los servicios de Consumo de la Junta a las 138 contabilizadas el año pasado.
PRECIOS, DESATENCIÓN Y CLÁUSULAS ABUSIVAS
Los incumplimientos en los precios, la desatención a los consumidores y las cláusulas abusivas son los motivos más frecuentes que están detrás de estas denuncias de los usuarios.
Los inspectores de Consumo solicitarán al establecimiento inspeccionado ejemplares firmados de cada uno de los tipos de contrato que se oferten por parte de dicha empresa y en ellos se prestará especial atención a la inclusión de cláusulas abusivas y la utilización de prácticas desleales.
Captar clientes con una oferta de servicios que no se corresponde luego con el servicio que se presta, incluir como característica distintiva de la oferta aspectos que ya están reconocidos por Ley, u ofrecer un producto a sabiendas de que las unidades de las que la empresa dispone son manifiestamente insuficientes para dar una respuesta razonable a la clientela que acudirá a adquirir dicha oferta son ejemplos de prácticas desleales. En general, a través de esta campaña se perseguirá cualquier procedimiento que sea contrario a los derechos de los consumidores.
El consumidor tiene derecho a contar con una información clara sobre el precio final del servicio, incluyendo impuestos, así como sobre los conceptos que integran la cantidad total que deberá abonar el usuario.
COBERTURA DE SEGUROS Y RESTRICCIONES
Para los usuarios de este servicio se recomienda disponer de datos claros sobre la modalidad de cobertura de los seguros de responsabilidad civil del vehículo es otra de las recomendaciones básicas. Además, tendrán que cerciorarse antes de conocer si los servicios incluyen algún tipo de restricción, como por ejemplo un límite de kilometraje o de asistencia en carretera.
Si un usuario formaliza la reserva del alquiler de un vehículo de una determinada gama que esté sujeta a disponibilidad, el consumidor no debe aceptar un cambio a otro de gama inferior a menos que sea con consentimiento previo del interesado y con el consecuente ajuste del precio.
Otra de las prácticas contrarias a los derechos de los consumidores es negarse a proporcionar un servicio previamente reservado alegando razones de disponibilidad, como por ejemplo el de sillas para transporte de niños, ya que la empresa debe tener en cuenta el número de unidades de las que dispone para prestar los servicios que ofrece.
Las sanciones recogidas en la normativa andaluza por la presencia de cláusulas abusivas en los contratos y por la detección de prácticas fraudulentas que vulneren los derechos de las personas consumidoras pueden llegar a los 30.000 euros, al considerarse infracciones graves.
