HUELVA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha rechazado "enérgicamente" este lunes el documento remitido por el Gobierno sobre las medidas "armonizadoras" del Régimen de Clases Pasivas del Estado, en el que están encuadrados la mayoría de los funcionarios docentes, con el Régimen General de la Seguridad Social.
Según ha informado el sindicato en una nota, en Andalucía, en el ámbito de la Educación, esta negociación afecta a casi 110.000 docentes, incluyendo tanto a profesorado no universitario como al personal docente e investigador (PDI) funcionario de las universidades públicas andaluzas, donde se incluyen los 6.700 profesores en activo de Huelva.
El documento retirado planteaba "la práctica desaparición" de los actuales mecanismos de jubilación voluntaria, específicos del colectivo de funcionarios, así como estima que en el documento tampoco se hacía referencia alguna a la prórroga del actual sistema de jubilaciones anticipadas establecido en la Ley Orgánica de Educación (LOE) y que termina este año, ni a la jubilación parcial reconocida en el Régimen General de la Seguridad Social.
En el caso de Andalucía, según CCOO, son unos 20.000 los docentes que en los próximos cinco años pueden verse afectados de forma directa por la no prórroga del sistema de jubilaciones recogido LOE.
Por ello, CCOO exige que se trate a los funcionarios públicos como al resto de los trabajadores y no se añadan "más recortes" a los que se les impusieron el año pasado, ya que "no hay que olvidar que el colectivo de funcionarios docentes sufrió en 2010 unos recortes salariales especialmente elevados, de entre el 5,5 y 7,5 por ciento".
Por ello, la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía aplaude la retirada del documento presentado por el Gobierno y pide el cumplimiento integro del reciente Acuerdo sobre pensiones, además, exige abrir foros de negociación tanto para la modificación del Régimen de Clases Pasivas, como el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, particularmente en los asuntos relativos a la jubilación parcial y la evaluación del cumplimiento de los acuerdos suscritos en el ámbito de la función pública y que el Gobierno rompió en mayo del pasado año.
