SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha confirmado que para el próximo curso escolar 2016-17 la plaza de escuela infantil conveniada con la administración pública tendrá un precio máximo de 278,88 euros, sin proceder al aumento en el precio de diez euros que se había barajado al no poderse proseguir, por incompatibilidades jurídicas, con el pago de la cantidad compensatoria de 1.000 euros por unidad acordado en 2013 al no abonarse el mes de agosto, inhábil para las guarderías.
"Este año continúa todo idénticamente al pasado", ha asegurado De la Calle --que también ha calificado de "invariable" el sistema de bonificaciones, con el 96 por ciento de plazas públicas abarcadas por las mismas y más del 46 por ciento de las mismas en régimen de gratuidad-- en el seno de la Comisión de Educación del Parlamento andaluz, donde ha comparecido, a petición del PP, para informar sobre el borrador del decreto que regulará el funcionamiento de las escuelas infantiles en la comunidad.
Así, por ahora no se cumpliría la petición histórica de algunas de las asociaciones del sector de actualizar el precio, aunque ya la presidenta de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, Rosario de la Peña, precisaba a Europa Press que el anuncio suscitó protestas por el hecho de que dicha actualización respondiera a que la administración no seguiría adelante con el pago compensatorio, que era por unidad, mientras que el nuevo pago se hacía por plaza cubierta.
Tras mostrar su "sorpresa" por el hecho de que los populares no hayan querido presentar un debate sobre el fondo de la cuestión educativa, y sí sobre un "documento de trabajo" que está sujeto a una "gran variación", sin esperar que culmine la tramitación en marcha, la consejera ha hecho un repaso por la situación de una etapa que en Andalucía cuenta con una red de más de 1.600 centros públicos y privados, "la más extensa y numerosa del país", con unas 98.000 plazas ofertadas, "un 56 por ciento más que hace cuatro cursos".
De la Calle, que ha reivindicado una fluida comunicación con el sector en aras de "un ejercicio honesto de responsabilidad y la defensa de los intereses generales", ha indicado que el borrador, tras ser puesto a exposición pública y aún a la espera del término del registro de aportaciones, ha recibido 13 alegaciones, un número que considera escaso y que se incluirían "si son lógicas, razonables y legales".
En cuanto al decreto en sí, preparado en el marco de un procedimiento "reglado, participativo y garantista", se pretende llevar a cabo una serie de mejoras en el modelo de primer ciclo para hacer éste "más sostenible, racional, justo y adaptado a la realidad de los centros y las familias".
Así, se trabaja bajo la premisa de un "potente" crecimiento del número de plazas. Frente a ello, y con motivo de la intervención del Grupo Popular, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico "siempre va a defender el interés general por encima de cualquier otro", en oposición a un modelo "liberalizador".
"Las escuelas cobran en los tiempos pactados en los convenios. Este año seguirán así, pero siempre que podamos mejorar para hacer más justo el sistema, esta consejera se compromete a hacerlo", ha asegurado.
"NO HA EXISTIDO CONSENSO"
Por su parte, la parlamentaria del PP María Francisca Carazo ha respondido a las críticas de la consejera recordando que en la Cámara ha habido debates sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) cuando estaba en fase de un anteproyecto y que si se ha llevado el debate a comisión es por tratarse de un asunto "importante y muy sensible".
Aseverando que respecto al futuro decreto "no ha existido consenso", ha aludido al contenido del documento como algo "enormemente perjudicial para el futuro de la escuela y los centros", apostando por hacer desaparecer el carácter asistencial del mismo para "posicionar la etapa donde se merece".
Carazo, que se ha hecho eco de las dudas del sector respecto a la compensatoria y el precio de las plazas, ha manifestado que, a su juicio, la Consejería "debería tener más sensibilidad y no utilizarlos como números", toda vez que "han pasado por momentos muy difíciles y no quieren pasos atrás".