SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha asegurado este miércoles que la evaluación final de 6º de Primaria se hará de forma individualizada y por los propios centros docentes frente a la "reválida segregadora" que propone el Ministerio. Con este modelo de evaluación, según ha insistido, se actúa conforme a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y, por lo tanto, Andalucía no será "insumisa", sino que paliará los "efectos perniciosos" de esta norma.
Durante su intervención ante el Pleno del Parlamento, De la Calle ha explicado que serán los maestros que integran el equipo docente de cada uno de los grupos de 6º de Primaria los que valoren en el alumnado el grado de adquisición de las competencias de Comunicación Lingüística, Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología, y no a partir de una prueba única y puntual aplicada y corregida por otros.
Andalucía, ha destacado la consejera, ha optado por un modelo de evaluación final individualizada que deposita la confianza en los propios centros y en su profesorado así como respetuosa con la normativa. Además se contará con una comisión de zona externa a los centros para asegurar la objetividad y la supervisión del proceso.
Sobre el segundo apercibimiento por parte del Ministerio, la titular del ramo ha explicado que ha sido enviado sin haberse leído el informe que le envió desde la Junta en el que se desarrollan cada una de las fases en las que se desarrolla la evaluación. En su opinión, para el ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, "deben existir pecados mortales y pecados veniales" porque el tratamiento a las comunidades han sido distinto en función de unos territorios y otros.
De la Calle ha explicado también que el resultado de esta evaluación llegará a las familias a través del documento denominado 'Informe final de etapa' cuyo contenido se cumplimenta en el Sistema Información Séneca, sin que ello signifique ninguna burocracia adicional al trabajo de los docentes. En este sentido, la labor del profesorado consistirá en plasmar el resultado de la evaluación utilizando la escala que la norma establece.
Asimismo, la titular de Educación ha esgrimido argumentos pedagógicos, organizativos, económicos y jurídicos para rechazar las pruebas finales de Primaria planteadas por el Gobierno central que, según De la Calle "no se trata de ninguna evaluación sino de unos exámenes finales que dan al traste con la evaluación continúa global y orientadora que debe darse en esta etapa educativa".
ARGUMENTOS PEDAGÓGICOS
Sobre los argumentos pedagógicos, la consejera ha señalado que la norma estatal solo establece la evaluación de tres competencias claves: Comunicación Lingüística Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología, dejando fuera otros bloques competenciales como la digital, las sociales y cívicas y aprender a prender, entre otras. Esto supone que no se puede hacer una valoración completa de los objetivos generales alcanzados por el alumno.
La titular de Educación también ha expuesto argumentos organizativos y logísticos para no realizar la evaluación, que establece que deberá ser profesorado funcionario ajeno al propio centro el que corrija estas pruebas finales. En este sentido, De la Calle ha recordado que en Andalucía hay 93.500 alumnos de 6º de Primaria, por lo que la organización de estas pruebas implicaría una logística compleja y obligaría a ordenar situaciones funcionariales específicas para estos exámenes que serían de difícil articulación.
En cuanto a los argumentos económicos, De la Calle ha destacado que la realización de las pruebas tal y como se plantean tendría un "elevadísimo e innecesario coste" y, por último, la consejera ha recordado que la Junta interpuso un contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regula las características de la evaluación final de Primaria porque esta normativa lo que hacía era crear incertidumbre, inquietud y tensión externa al alumnado, a sus familias y al profesorado.
Durante su intervención, la consejera también ha hecho referencia a que la postura de Andalucía de buscar una alternativa a las pruebas del Ministerio que no perjudique al alumnado ha sido compartida por otras Comunidades Autónomas así como por las Confederaciones de Madres y Padres.
Así, de las 17 comunidades solo tres (Murcia, La Rioja y Madrid) que representan apenas el 20 por ciento del total del alumnado del territorio español, han realizado la evaluación final de Primaria más o menos con arreglo al modelo establecido en la norma. Otras dos, Galicia y Castilla y León han rechazado que las aplicase profesorado externo a los centros.
PP-A: LA JUNTA TIENE "ALERGIA" A LAS EVALUACIONES
En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PP-A Marifrán Carazo ha asegurado que al Gobierno andaluz no le gusta la evaluación y que por eso usa "términos despectivos" como reválida. "Solo le gusta la evaluación que ustedes controlan, proponen y que pueden manipular, tanto los datos como los resultados", ha afirmado la parlamentaria, quien ha defendido que las pruebas diagnósticas elaboradas por la Junta en los centros educativos están "carentes de validez y fiabilidad".
Tras criticar que la administración andaluza rechaza la prueba diagnóstica en 6º de Primaria con argumentos "ideológicos", Carazo ha considerado "decepcionante" la actitud de la consejera y ha insistido en que la citada prueba no tiene efectos académicos y sí orientadores e informativos para los centros y las familias. A su juicio, la Junta tiene "alergia" a la información creíble porque los estudios internacionales "les han puesto en evidencia y destapado sus vergüenzas".
La diputada de Podemos Libertad Benítez ha lanzando un "guiño" a los padres que reclaman un nuevo centro público en el casco antiguo de Sevilla, para lo que ha portado una camiseta alusiva a dicha reivindicación. Ha criticado la "prisa" del PSOE-A en "aplicar" la Lomce, pese a que la Andalucía gobernada por los socialistas "podría haber liderado una oposición" a dicha norma y ha indicado que "el paripé de reválida" que plantea la Junta "no acaba con la segregación". Ha concluido afirmando que los socialistas "han renunciado a ser alternativa al PP".
En nombre de Ciudadanos, su diputada Marta Escrivá ha asegurado que nos guste "más o menos" esta reválida "hay que cumplirla" y ha dicho que no entender que el Gobierno andaluz diga que está cumpliendo con la ley cuando se le ha mandado un requerimiento por parte del Ministerio, que no se ha enviado a otras comunidades que también han realizado cambios. Ha reclamado "consenso y diálogo" en materia educativa y ha explicado que C's está a favor de las evaluaciones externas si la información se utiliza para adaptar las necesidades de los alumnos.
El portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha dicho que ve "combativa" a la consejera y que espera que se mantenga así "antes y después" del 26J. "En esa actitud la acompañaremos", ha apuntado el diputado, para quien la reválida "no sirve para nada" y se ha hecho "sin pies ni cabeza". "¿Méndez de Vigo ha pisado un colegio?", se ha preguntado Maíllo, para quien el problema de los "burócratas" es que "no tienen ni puñetera idea de la realidad poliédrica y compleja de los centros educativos".
Finalmente, la diputada del PSOE-A Adela Segura ha indicado que el diseño y aplicación de las evaluaciones en los centros educativos corresponde a las comunidades autónomas y que "no es cierto" que a su formación, tal y como ha mantenido el PP-A, no le guste la evaluación, sino la evaluación que les gusta es la que "observa continuamente al alumnado".