MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha investigado los protocolos puestos en marcha por la Junta de Andalucía para reubicar a trabajadores despedidos, como los de la antigua fábrica de teléfonos móviles de Málaga Vitelcom, y ha considerado que las medidas han resultado "positivas", pese a las quejas de algunos de esos trabajadores que consideraron que no se había cumplido lo establecido en dichos protocolos.

Según recuerda la Memoria Anual de 2009, consultada por Europa Press, tras el cierre de varias empresas importantes, la Administración Autonómica puso en marcha una experiencia piloto, con la colaboración de los sindicatos, para la puesta en marcha de varios protocolos de actuaciones para la reubicación de los trabajadores. En concreto, se firmó el Protocolo General de Actuaciones entre las Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa y Empleo y el sindicato CC.OO., en representación de los trabajadores, para recolocar a los trabajadores afectados por el cierre de importantes empresas.

Concretamente la institución que dirige Enrique Múgica cita la actuación con la que se ha pretendido que los más de 200 trabajadores despedidos de Vitelcom pudieran tener un empleo y señala que el alcance de estas medidas fue "significativo", ya que un importante número de trabajadores se acogieron al protocolo de actuación.

Sin embargo, un pequeño grupo de trabajadores quedó sin poder acogerse a ese protocolo al no poder acceder a un empleo, bien por su cualificación, bien porque han rechazado alguna oferta. Así, el Defensor recoge que parte de esos trabajadores formularon quejas al considerar que no se había cumplido lo estipulado en el protocolo, ya que, "al parecer, los nuevos puestos de trabajo no se ajustan a los criterios de recolocación establecidos en la estipulación cuarta del mismo".

Así fue como la institución emprendió varias actuaciones encaminadas a "conocer la realidad de la situación de esos trabajadores". La Consejería de Empleo y la entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta manifestaron al Defensor que habían puesto todos los medios a su alcance para cumplir el protocolo.

En este sentido se recoge que desde que se firmó el protocolo para estos trabajadores, la Junta adquirió el compromiso de adaptar las cualificaciones profesionales de los trabajadores a las necesidades detectadas por el tejido empresarial del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), a través de la subvención de cursos de formación para el empleo.

Así, fueron subvencionados 14 cursos, con compromiso de contratación, finalizados en noviembre y diciembre de 2009. Ante estas previsiones, el Defensor considera que las medidas adoptadas por parte de la Junta de Andalucía "han resultado positivas".