HUELVA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Huelva, Manuel Bago, ha presentado este viernes el grado de ejecución de los proyectos que todos los ayuntamientos de la provincia han podido desarrollar en sus términos municipales a través de las inversiones procedentes de los fondos estatales de inversión municipal, que alcanzaron un total de 143 millones de euros, a la par que ha destacado que el 80 por ciento de la financiación de los ayuntamientos ha sido posible con los planes E, puestos en marcha por el Gobierno de España para reactivar la economía.

En rueda de prensa, Bago ha desgranado que en la provincia onubense, con 58.081 habitantes, estos planes especiales de 2009 y 2010 han supuesto la firma de 7.706 contratos de trabajo y se han desarrollado 792 actuaciones en los 79 municipios, aliviándose también el gasto corriente de los ayuntamientos financiando casi un dos por ciento del mismo a través de proyectos de interés social.

Bago ha destacado a su vez que se realizaron 416 proyectos financiados con una primera partida de 55 millones de euros, de los que 337 fueron de inversión por una cuantía de unos 47 millones y 79 de carácter social que contaron con un montante de 7,6 millones de euros.

Por otra parte, se han llevado a cabo 162 proyectos relacionados con la sostenibilidad económica con una inversión de 17 millones de euros, así como 74 de sostenibilidad medioambiental con un montante de 15 millones y 101 proyectos de sostenibilidad social, en los que se invirtieron otros 15.

Del mismo modo, ha destacado que Huelva capital ha cambiado su rostro de manera muy destacada con los proyectos de la Gran Vía, la peatonalización de las calles del centro, la remodelación del Gran Teatro, las mejoras en los Jardines del Muelle, las obras del Humilladero de la Cinta, el Enlace Paseo Marítimo-Rotonda de Cardeñas o y el cambio radical que ha sufrido el polideportivo Andrés Estrada.

A su vez, ha incidido en que todos los municipios de Huelva se han beneficiado de estos planes de manera notable, cuyos fondos se han distribuido según el número de habitantes, es decir, de manera totalmente objetiva y justa. Los ayuntamientos han podido decidir en qué empleaban el presupuesto asignado y los alcaldes han hecho lo que han considerado mejor para sus conciudadanos.