HUELVA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Clara Campoamor ha mediado con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para que reciba a los familiares de las víctimas del doble crimen de Almonte (Huelva), en el que fallecieron una niña de ocho años y su padre en abril de 2013, ante la negativa del Ministerio Fiscal de no recurrir al Tribunal Supremo la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirma la absolución de los delitos de asesinato a F.J.M en este caso, que fue juzgado el pasado mes de septiembre.
En declaraciones a Europa Press, la presidenta de esta asociación a nivel nacional, Blanca Estrella Ruiz, ha lamentado la decisión de la Fiscalía ya que, a su juicio, "no puede ser que crea de manera vehemente y así lo exprese en sus conclusiones finales y en su recurso al TSJA que el acusado sea el culpable y ahora no vaya a recurrir al Supremo".
Desde la asociación no comprenden que "la Fiscalía crea que este hombre esté en la calle, por culpa de un jurado popular que solo ha creído a la exnovia del acusado, y no acuda al Supremo".
Para la presidenta, "esta familia no puede quedar abandonada con un asesino que está suelto y que podría hacer daño también a Marianela", refiriéndose a la madre y expareja de los fallecidos.
Por todo ello, la asociación ha pedido cita con el ministro de Justicia para que reciba a esta familia que, por otro lado, ya ha enviado la documentación al Ministerio, para que, "al menos, estos familiares sientan el calor del propio Ministerio y les ayude en la medida que pueda".
Esta asociación fue fundada en 1985 por un grupo de mujeres del movimiento feminista, por la necesidad de defender los derechos de la mujer ante la transgresión de los mismos.
Por su parte, esta familia ha presentado un escrito ante la Fiscalía Superior de Andalucía para solicitarle una explicación tras la decisión del Ministerio Fiscal de "no continuar acompañándoles mediante recurso de casación ante el Tribunal Supremo", por lo que solicitan que detalle cuáles son las causas y motivos por los que "ha desistido y contradicho la que venía siendo su firma labor acusatoria desde la fase de instrucción hasta la actualidad".
En el escrito, la familia remarca que desde que se incoó la fase de instrucción en el juzgado de La Palma del Condado el Ministerio Fiscal ejerció "de manera taxativa" la acusación pública, junto a las acusaciones particulares, a la par que han recordado que el acusado permaneció en prisión preventiva tres años, "presentando su defensa hasta cinco peticiones de libertad" que fueron rechazadas y el propio fiscal del caso, Pablo Mora, se oponía a su puesta en libertad.
Tras la sentencia absolutoria, tanto la Fiscalía como acusación particular presentaron recurso de apelación ante el TSJA y el Ministerio Público defendió en la vista por el mismo que había habido "una clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ejercida por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, no existiendo una respuesta razonada en el veredicto dictado por el jurado popular" y han recordado que "el mismo Pablo Mora comunicó a la familia su intención de llegar al Supremo", lo que ésta valoraba porque suponía "una unidad de acción".
