La Junta destaca que las propuestas de la Cámara sobre el III Plan Andaluz de Innovación "ya están asumidas y superadas"

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía elaboró un informe de fiscalización sobre el III Plan Andaluz de Investigación (PAI) de la Junta, correspondiente al período 2000-2003, donde recomendó el desarrollo de un marco regulador para la creación de los centros de investigación, tras lo que apuntó la existencia de problemas de liquidez en ciertos centros de investigación, derivados de "retrasos significativos" en la recepción de los fondos procedentes del PAI.

En dicho informe de fiscalización, al que tuvo acceso Europa Press y donde se destacan especialmente los aspectos susceptibles de mejora, la Cámara abogó por el establecimiento de un marco regulador "adecuado" que, entre otros aspectos, introduzca "criterios claros para la creación y, en su caso, supresión de centros de investigación".

Para el ente fiscalizador, sus infraestructuras "deben ser utilizadas óptimamente", lo que requiere de "dotación adecuada" de medios humanos y presupuestarios para las existentes y un análisis "riguroso" en el proceso de creación de nuevas infraestructuras "para evitar situaciones de infrautilización".

Consideró que, una vez adoptadas estas medidas, "se deben introducir mecanismos adecuados de seguimiento", tras lo que apostó por "incentivar la participación del sector privado en los centros de investigación".

En este informe se analizaron los centros coordinados en ese período 2000-2003 por la Secretaría General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia y en él la Cámara de Cuentas consideró que "en términos generales, no se han cumplido las previsiones que el III Plan 2000-2003, que en momento dependía de Educación y Ciencia, recogía para los centros de investigación, debido a que centros con instalaciones adecuadas, desarrollos normativos y proyectos elaborados conviven con otros que son meras agregaciones de grupos de investigación".

El informe apuntó que, en otros casos, centros de investigación que tienen sede propia dotada con buenas instalaciones y equipamiento especializado "no cuentan con aprovechamiento óptimo, debido a la falta de recursos humanos y presupuestarios y a la ausencia de normas reguladoras de su funcionamiento y apertura a la comunidad científica y a los sectores productivos implicados en sus respectivos proyectos científicos".

La Cámara de Cuentas agregó que los centros de investigación directamente adscritos al PAI "no tienen personalidad jurídica propia" y la gestión de su actividad científica se canaliza por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o por la universidad correspondiente, "lo que puede provocar dificultades en su funcionamiento".

Apuntó que determinados centros de investigación han sufrido problemas de liquidez "derivados de retrasos significativos en la recepción de los fondos procedentes del PAI". Explicó que estos fondos los reciben a través de la universidad de adscripción y agregó que estos "retrasos" en la recepción de los mismos "los solventan con anticipos de la universidad o del CSIC".

La Cámara consideró que estos retrasos "son imputables a diversas causas, entre las que se encuentran las deficiencias administrativas de los propios centros de investigación en la tramitación y justificación de los fondos recibidos".

MARCHA DEL TERCER PAI.

Por otro lado, en referencia directa al propio III Plan Andaluz de Investigación (PAI), la Cámara de Cuentas apuntó que este III Plan presenta una estructura organizativa "compleja", de forma que su funcionamiento "ha sido heterogéneo e irregular en relación con los fines encomendados, salvo en el caso del Consejo Andaluz de Universidades y de la Comisión de Evaluación Científica y Tecnológica".

El informe consideró que la Secretaría General de Universidades, de Investigación, responsable de la coordinación del propio Plan, "no ha contado con suficientes recursos para optimizar la gestión del III Plan" y apuntó la "falta de especialización del personal, dificultando las tareas de coordinación y seguimiento".

Asimismo, la Cámara indicó que durante el período fiscalizado "no se han logrado todos los acuerdos necesarios para alcanzar los fines previstos en el plan sin que se puedan determinar las causas que han impedido la formalización de los mismos".

Así, en concreto, detallaron que no se ha formalizado un convenio de cooperación entre la Administración del Estado y la Comunidad andaluza para el establecimiento de un marco convergente de actuación y la potenciación de la presencia de Andalucía en el Plan Nacional de I+D y en los programas marco de la UE. De esta forma, la participación de Andalucía en los programas marco de la UE "ha sido inferior a las de otras comunidades autónomas", lo que supone una pérdida de financiación europea así como un "obstáculo" para la internacionalización del sistema de I+D andaluz.

Consideró que "la falta de cuantificación de los objetos no permite determinar el grado de cumplimiento", por lo que recomendó a la Junta establecer objetivos "cuantificados y medibles, que permitirían una adecuada evaluación de la actividad desarrollada y de los resultados obtenidos".

PROGRAMAS HORIZONTALES Y OTRI.

En este informe, la Cámara de Cuentas también analizó la marcha de programas horizontales gestionados por la Secretaría general de Universidades e Investigación, donde precisó que la cuantía de las ayudas recibidas por cada grupo de investigación con cargo al PAI "ha sido reducida", por lo que abogó por "concentrar los recursos en el apoyo a la investigación más competitiva, manteniendo el tipo de financiación actual para grupos en formación y durante un periodo de tiempo limitado".

Asimismo, tras indicar que las ayudas a la investigación "han sido de muy diversa índole y ha supuesto una carga administrativa", la Cámara recomendó determinar "procedimientos administrativos estandarizados que permitan simplificar la gestión de estas ayudas".

Sobre las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación de las universidades andaluzas (OTRI), la Cámara de Cuentas consideró necesario que las universidades adapten algunos aspectos de su gestión "para que resulte más eficaz su papel de organismos de transferencia tecnológica".

Asimismo, precisó que "gran parte del personal de las OTRI, salvo en las de Málaga, Almería y Jaén, no ha sido incorporado a la plantilla de las universidades, sino que su permanencia ha estado vinculada a proyectos concretos". Ello supone un "riesgo de rotación del personal que puede ir en perjuicio del funcionamiento de las propias OTRI".

El informe indicó que la mayoría de las OTRI "no han dispuesto de bases de datos en las que se recojan los contactos con empresas encaminados a la detección de demandas tecnológicas", lo que "dificulta la planificación de futuros trabajos para orientación de las líneas de investigación a las necesidades del mercado".

PROBLEMAS "SUPERADOS".

Por su parte, fuentes de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, que es actualmente el departamento competente en la gestión y coordinación de estos planes, precisaron a Europa Press que las propuestas realizadas por la Cámara de Cuentas "ya están asumidas y superadas", al tratarse de recomendaciones "de la anterior legislatura".

Así, apuntaron que en el presente legislatura "se ha apostado como eje fundamental por la investigación, duplicando las inversiones en I+D+I por parte de la Administración regional", así como "resolviendo las posibles deficiencias existentes en este área".