MÁLAGA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideró hoy que los acuerdos dictados por el presidente de la Audiencia de Málaga y el juez decano respecto al uso limitado de las plazas del aparcamiento interior de la Ciudad de la Justicia para jueces y magistrados "no se ajustan a la legalidad", por lo que acordó dejarlos sin efecto.
Así, desde el Consejo informaron en un comunicado que dichos acuerdos, "en los términos que figuran redactados y llevados a ejecución", no se ajustan a la legalidad "por exceder las competencias que en orden al adecuado uso de los edificios judiciales se reconocen" en el Reglamento 1/2000 de Órganos de Gobierno de los Tribunales.
Además, se procede a dejar ambos acuerdos sin efecto "al no encontrarnos ante ningún supuesto" de los que contempla la legislación correspondiente y se señala que la resolución de dicha cuestión "debe corresponder a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) --que se reúne el próximo martes-- y, en su caso, a la comisión mixta".
Por otro lado, la junta de personal de funcionarios de la Administración de Justicia en Málaga mantuvo hoy una reunión con la delegada de Justicia, Blanca Sillero, sobre el uso del aparcamiento, en la que "nos ha ratificado que bajo ningún concepto se van a dar validez a los acuerdos de los jueces, porque las competencias son de la Junta de Andalucía", según informó a Europa Press el responsable del SPJ-USO, Adriano Moreno.
Apuntó que hoy "ya se estaba aplicando nuevamente el protocolo del aparcamiento, que supone que se aparca por estricto orden de llegada". Además, destacó que con el acuerdo de hoy del CGPJ "vuelve un poco la cordura porque se habían traspasado demasiadas fronteras y se habían invadido competencias que de ninguna forma corresponden al poder judicial ni a los órganos de gobiernos de jueces y magistrados".
Desde el Sindicato de Trabajadores de Justicia (STAJ) en Málaga consideraron que con la decisión de la Consejería de Justicia "se protegen los derechos de todos los trabajadores que prestamos servicio en la Ciudad de la Justicia" y consideraron que así "se pone fin a una situación en la que se ambicionaba, so pretexto de una interpretación subjetiva de la legalidad, imponer criterios clasistas por encima de la igualdad y dignidad de los trabajadores".
Respecto al acuerdo del Consejo, este sindicato mostró su satisfacción porque "los mecanismos del Estado de Derecho funcionan, dando a cada poder unas facultades que no son vulnerables por otros en atribución de competencias de las que carecen" y destacó que la nulidad "no hace más que dar un espaldarazo definitivo a la tesis del STAJ".
Además, señalaron en un comunicado que al ser anulados dichos acuerdos, la denuncia presentada por una magistrada contra un agente de la Guardia Civil tras no dejarla pasar para aparcar "debe quedar sobreseída por carecer de fundamento jurídico". "Queda por tanto zanjado un tema", apostillaron.
