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MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga ha pedido la absolución de las cuatro personas acusadas en el caso del crecepelo (minoxidil) que les fue suministrado en omeprazol (protector de estómago) por error en 2019 a 21 niños de distintas edades y residentes en varias comunidades autónomas por error.
Así consta en el escrito presentado por el fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se precisa que los hechos no son constitutivos de delito y que los acusados "no son responsables de infracción penal alguna"; por lo que considera que se debe dictar una sentencia absolutoria.
En esta causa hay acusadas cuatro personas y una empresa. El juzgado que ha investigado el caso acordó juzgar a estos procesado que están acusados por delitos contra la salud pública y negligencia profesional con resultado de lesiones por las representaciones de los menores perjudicados, personadas como acusaciones particulares.
La Fiscalía ya pidió el sobreseimiento provisional del caso, al entender que de lo actuado "no existe base probatoria suficiente para formular acusación" contra estas cuatro personas, que fueron investigadas en este procedimiento.
A lo largo de la investigación se determinó que el suministro del minoxidil afectó a 21 menores, con edades entre los dos meses y los siete años y residentes en las comunidades de Cantabria, Comunidad Valenciana y Andalucía. Estos sufrieron perjuicios estéticos a causa de la ingesta del producto.
Finalmente, la causa se concretó contra la empresa que etiquetó el producto y contra cuatro personas relacionadas con esta, en concreto el que era el administrador único, el director técnico y dos trabajadores.
El auto de apertura de juicio oral, dictado en su momento y consultado por Europa Press, recoge que una acusación particular acusa a los cuatro investigados por un delito contra la salud pública/negligencia profesional con resultado de lesiones y solicita tres años de prisión. Esta acusación pide la cantidad de 20.000 euros de indemnización por daño reputacional.
Por su parte, los representantes de cuatro menores acusan solo a la empresa y a su administrador único por los delitos contra la salud pública, mientras que otros ocho acusan al anterior, a la empresa y a otro investigado --el técnico-- por un delito continuado contra los derechos de los consumidores en concurso con delitos de lesiones leve por imprudencia.
Asimismo, los representantes de otros siete niños acusan a estos mismos dos investigados y a la sociedad, pero por un delito contra la salud pública (por alteración de medicamento) y siete delitos leves de lesiones.
Las penas solicitadas para los dos principales acusados oscilan entre multa y cinco años de prisión, mientras que para los otros dos la petición es de tres años de cárcel. Además, se pide a cada uno el pago de indemnizaciones según las afecciones, secuelas y daños morales o pérdida temporal de calidad de vida sufridos por los perjudicados.
Mientras las acusaciones particulares han venido sosteniendo la responsabilidad de los investigados, la Fiscalía concluyó que los niños "no sufrieron efectos adversos" cuando dejaron de tomarlo y que "ninguno de ellos presenta efectos secundarios", por lo que consideró que la causa debía archivarse y ahora solicita una sentencia absolutoria.