MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Delegación de Justicia señaló hoy que las determinaciones que contienen los acuerdos adoptados en julio pasado por jueces y magistrados sobre el uso exclusivo de los aparcamientos de la Ciudad de la Justicia "conculcan los títulos de propiedad de la sede judicial reconocida a favor de la Junta de Andalucía, así como los títulos competenciales de la Consejería de Justicia, a la que queda adscrita la edificación en su consideración de afectada a sus competencias en materia de Administración de Justicia".
A través de un comunicado, desde dicha Delegación provincial señalaron, tras la denuncia presentada ayer por una magistrada contra un agente de la Guardia Civil por, supuestamente, prohibirle la entrada al aparcamiento subterráneo de la Ciudad de la Justicia al no haber espacio, que en la actualidad el régimen de este aparcamiento "está regulado por un protocolo de funcionamiento de 8 de febrero de 2008".
En los acuerdos del presidente de la Audiencia y del anterior juez decano, a los que se unió la Fiscalía, se atribuía el uso de estas plazas interiores del edificio a magistrados, fiscales y jueces, alegando "exclusivamente motivos de seguridad" y fundamentando la decisión en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, en ese momento recordaron que existía "una propuesta-criterio" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otra de la Sala de Gobierno que establecían la necesidad de reservar estas plazas por dichos motivos.
Desde la Junta apuntaron que en el acuerdo de la Sala de Gobierno de fecha 30 de octubre de 2007 "se resuelve de forma expresa que no corresponde a los jueces decanos, al no estar dentro de sus competencias, dictar resoluciones en orden a la distribución de espacios y, en concreto, a la asignación de aparcamientos, sin perjuicio de que en aquél se efectúe un criterio-propuesta respecto al destino que, por estrictas razones de seguridad, se consideraba debiera darse al uso de las plazas de aparcamiento".
A este respecto, el presidente de la Audiencia, Francisco Javier Arroyo Fiestas, señaló en declaraciones a Europa Press que "si no estaban de acuerdo con dichos acuerdos deberían haberlos recurrido", puesto que "fueron notificados" tanto a la Administración andaluza como a otras partes implicadas.
Por su parte, el juez decano, José María Páez, indicó que la Junta de Andalucía "se ha precipitado porque el Tribunal Supremo ha dictado desde el año 2000 que se atribuyen las competencias de la regulación de las plazas de aparcamiento de los edificios judiciales a los jueces decanos".