MÁLAGA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense y letrado, Horacio Oliva, aseguró hoy que "no hay duda alguna de que hay que castigar las conductas de corrupción" pero apuntó que "me rebelo a que el procedimiento penal empiece por el final", algo que, según dijo, "es el caso de todos mis defendidos en la Costa del Sol", entre los que está el ex alcalde de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos, imputado en el caso 'Astapa'; y el letrado Fernando del Valle, imputado en 'Ballena Blanca'.
Oliva, que asistió hoy al I Simposio Nacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, afirmó que "lo sensato es que se haga una investigación, se consigan unas pruebas, si existen, el fiscal acuse; y si acusa y hay condena, vaya una persona a la cárcel; lo que no es sensato es que primero se mete en la cárcel y luego se pregunta".
Así, indicó a los periodistas que "se ha inaugurado una nueva etapa en la investigación en España que ha tenido como escenario la Costa del Sol" y, según apuntó, "sólo he visto estas actuaciones en temas de terrorismo y a veces en temas de drogas, pero desde luego no hay por qué violar los derechos fundamentales ni por qué hacer un procedimiento kafkiano".
En este sentido, reiteró que la tendencia es "primero se mete en la cárcel, con la declaración del secreto no se sabe por qué, se registra a ver si conseguimos las pruebas y luego el Tribunal Supremo lo absuelve". "Es el proceso al revés que va contra todos los principios", apuntó el letrado.
Asimismo, señaló que "hay determinadas personas que no se van a escapar y aunque se escape alguna, tampoco el atentado al derecho fundamental que se produzca merece la pena", al tiempo que se mostró a favor de que "se investigue todo, se acuse, se sancione y se meta en la cárcel, pero no empiece por el final", pero entendiendo que "no tiene sentido" ampararse en el secreto de sumario.
En este sentido, el fiscal y magistrado en excedencia, actualmente abogado, Santiago Milans del Bosch, indicó que esta forma de actuación "sólo lo estoy viendo en estas macrocausas en la Costa del Sol" y precisó que por ejemplo el secreto de las actuaciones "está recogido en la ley pero para algo excepcional y no es el caso de estos delitos".
Dijo que "uno de los grandes efectos que afectan al justiciable y a su defensa es el Guantánamo particular de la declaración del secreto de las actuaciones", asegurando que "lo que estamos viendo es que la actuación judicial viene precedida por una actuación prejudicial de la Fiscalía o de las Fuerzas de Seguridad, hechas sin ninguna garantía en el sentido de la defensa que pueden durar uno, dos o más años y que luego llega al juzgado, donde lo primero que se hace es detener, acordar el secreto y prorrogarlo".
"El blanqueo está irrumpiendo en la practica judicial y en general no existe una preparación, pese a su magnifica voluntad, por parte de los operadores jurídicos y todo viene precedido de una actuación de las Fuerzas y Cuerpos que han visto en el blanqueo el filón de dar respuesta a delitos precedentes que no han podido acreditarse", aseveró el también miembro de la Comisión de Prevención del Blanqueo del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
A este respecto, apuntó que "lo que está ocurriendo en la Costa del Sol es algo sintomático y como abogado creo que hay que llamar la atención de que hay que dejar actuar a los jueces, confiar en ellos, porque es la base de nuestro estado de derecho, pero no olvidar que el abogado es un colaborador de la administración de justicia y los textos hay que interpretarlos respecto a los derechos fundamentales".
SIMPOSIO.
Tanto Oliva como Milans del Bosch participaron hoy en dicho encuentro, organizado por el CGAE y el Colegio de Abogados de Málaga, con ponencias respecto a qué tiene que hacer el abogado defensor ante la acusación por blanqueo, en el primer caso, y sobre las cuestiones procesales de dicho delito.
Así, Oliva precisó que "se puede decir que la ley está un poco con calzador en nuestra legislación, pero el jurista tiene que acatarla e intentar interpretarla siguiendo las reglas, poniendo las barreras suficientes tanto en cuanto a los sujetos como a los delitos".
En este sentido, dijo que surgen debates sobre, por ejemplo, si cabe o no que el delito fiscal sea precedente al de blanqueo, sobre lo que, en su opinión "no cabe, aunque también entiendo que hay posiciones contrarias, como la del fiscal"; así como si es procedente considerar el autoblanqueo, planteamiento que "no considero razonable y no entran dentro de la norma".
Para Milans del Bosch, "no toda ocultación al fisco indica que sea dinero de procedencia ilícita, puesto que hay dinero negro que tendrá que ser sancionado pero no siempre es procedente del delito". "Estamos sacando del tiesto lo que recoge el Código Penal", manifestó.
Asimismo, también se abordaron los casos de acusaciones a los abogados, notarios o asesores para "demostrar por la vía objetiva que podemos restringir lo máximo el tipo", según afirmó Oliva, quien apuntó que "si un abogado no se pasa de su rol de abogado, no tiene por qué cometer un hecho delictivo, a pesar de que el cliente con su asesoramiento haya podido cometer un delito de blanqueo".
DISTINCIONES.
A este respecto, dijo que los profesionales tienen "complicado" esta distinción "porque la sociedad española cuando va al abogado, parece que va al confesor y se entiende que el secreto profesional es tan sagrado que el abogado no está dispuesto a hacer nada". Por eso, apostó por "distinguir" y "no sacralizar tanto las cosas".
El letrado explicó que las obligaciones de estos profesionales "son nuevas y pueden chocar con el derecho de defensa" y señaló que "los abogados que están en juicio penal o administrativos no tienen problemas, mientras que los que sí lo tienen son los mercantilistas o fiscalistas, que asesoran antes de entrar en un procedimiento".
En este punto, apostó por "sin duda" una mayor concreción en la normativa sobre blanqueo y por "poner bien la barrera, porque con ciertas cosas la confianza en el abogado se perdería y el derecho de defensa se perturbaría seriamente". Por su parte, Milans del Bosch dijo que existe "una inseguridad porque está en juego el derecho de defensa".
"Estamos perdiendo un poco el norte a mi juicio en cuanto a la actuación de los abogados que son sujetos obligados de la ley de prevención", indicó el magistrado en excedencia, quien recordó que la Ley Orgánica del Poder Judicial "establece que el abogado tiene obligación de guardar secreto y no podrá ser obligado a declarar ante el juez de todo lo que conociere de su cliente como defensor o asesor jurídico".
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