MÁLAGA 23 May. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, Diego Maldonado, consideró "nada científicos y muy poco objetivos" algunos de los datos que aporta la Cámara de Cuentas de Andalucía en el informe en el que establecía que el Consistorio tarda 1.209 días en entregar una vivienda protegida desde la adjudicación del proyecto. Precisamente, aseguró que ese plazo es de unos 700 días, ajustándose a la media andaluza (688), y dejó claro que "el tiempo desde que se empieza a redactar el proyecto hasta que tiene lugar la entrega prácticamente es el mismo en todas las empresas porque es difícil de mover".
Además, resaltó en rueda de prensa que si se tarda más entre el sorteo de las viviendas y la entrega de las llaves se debe a que aquel se hace sobre planos y no con las inmuebles prácticamente terminados como hacen otras empresas, lo que supondría "acortar el tiempo en meses e, incluso, en años".
Maldonado defendió la labor del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), que calificó de "altamente positiva", y se mostró "satisfecho" sobre todo porque "se trata de una institución que no es competente por ley, como no lo es ningún ayuntamiento, para solucionar el problema de la vivienda".
Sin embargo, "el Ayuntamiento dio un paso para resolver la carencia de VPO y lo hizo en solitario y yendo un poco al límite de sus posibilidades porque la Junta de Andalucía aún no ha dado el paso", y recordó que en la legislatura pasada el Ejecutivo autonómico sólo ejecutó 36 VPO en Trinidad. Por ello, criticó que "se responsabilice a una administración de un problema social que es de todos y que es más responsabilidad del Gobierno andaluz, que es quien tiene las competencias".
PLAZOS.
Precisamente, en cuanto a los plazos, especificó que para obtener la licencia de obra se tardan 229 días, por debajo del promedio de 271 días que establece el informe de la Cámara de Cuentas; la calificación provisional se obtiene en 163 días (la media que da el órgano andaluz es de 150), y en obtener la financiación se tardan 82 días (307 días).
Desde el proyecto de ejecución al contrato de obras van 493 días (la media que da la Cámara de Cuentas es de 526); la adjudicación de los contratos de obra conlleva 83 días (96); desde el contrato al inicio de obra se invierten 186 días (171); desde el proyecto de ejecución al inicio de los trabajos, 818 días (829); en obtener la calificación definitiva se tardan 71 días (70); la licencia de primera ocupación conlleva 69 días (71); entre la firma del primero y el último contrato privado van 304 días (323), y entre la de la primera y la última escritura de compraventa, 72 días (114).
Ante esta situación, dijo no entender las conclusiones de la Cámara de Cuentas de Andalucía y agregó que, "aunque puede haber algunos proyectos que no evolucionan como es de desear y provocan algún retraso, se trata de un hecho puntual y no se puede de eso dar la valoración de la eficacia de un organismo".
Opinó que no es "nada científico y muy poco objetivo" hacer referencia al bienio 2003-2005 y decir que de las 2.800 viviendas previstas en el convenio programa con la Junta sólo se han iniciado o están en desarrollo 637, cuando, sin embargo, se trata del convenio correspondiente al periodo 2003-2007.
"Se decapita la información por la mitad y, precisamente, por la primera mitad, que son los dos años en los que el Instituto está preparando ese desarrollo", declaró Maldonado, considerando que se tenía que haber hecho un estudio total de ese cuatrienio.
TRABAJADORES.
Señaló que algunos de los aspectos recogidos en el informe "no se ajustan a la realidad" ni son "datos totalmente científicos" porque el IMV "no es una empresa mercantil", a diferencia del resto de las entidades incluidas en este estudio, correspondientes a municipios andaluces de población superior a 100.000 habitantes, sino que se trata de un organismo autónomo, lo que "ha podido llevar a una confusión a la propia Cámara de Cuentas".
En este sentido, expuso que mientras que el informe establece que el IMV es el organismo con mayor número de trabajadores para la promoción de viviendas --un total de 80 cuando la media es de 35-- y unos datos menos satisfactorios, la realidad, según el edil, es que el Departamento de Gestión Promocional cuenta sólo con 34 personas.
El resto de trabajadores se destina a rehabilitación (23), al mantenimiento y administración (19) y, al ser el IMV de una administración pública, necesita una secretaría, intervención, etcétera, tareas en las que hay 10 personas.
GESTIÓN DE CASI 4.000 VIVIENDAS.
Maldonado informó de que el IMV gestiona 3.967 viviendas protegidas --1.407 de alquiler y el resto de venta--, de las que 353 se finalizaron en el último año, y se están construyendo 1.847, distribuidas en 28 promociones diferentes, donde el mayor número se encuentra en Soliva Este, con 1.408 viviendas. De hecho, el próximo lunes se entregarán 184 VPO en régimen de alquiler en Hacienda Cabello. En total, se estima que el resto se dé a lo largo de 2009.
De igual modo, el edil del PP apuntó que se está redactando el proyecto de 1.481 viviendas y 286 más están en proceso de adjudicación a las empresas que iniciarán próximamente las obras.
Por último, también destacó que el IMV administra, inspecciona y mantiene 3.754 viviendas --328 son propiedad de la Junta y 1.903 de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA)-- y 13 locales --todos ellos, del Gobierno andaluz--.