Málaga.- El PP en el Ayuntamiento de Málaga defenderá mañana en el pleno el cambio de localización del puerto seco

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga presentará una moción en el pleno de mañana para dejar sin efecto las previsiones y determinaciones establecidas por el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) de la Junta referidas a la plataforma logística asociada al puerto de Málaga, conocida como 'dique seco', que se prevé en Campanillas y que afecta sobre todo a los vecinos de Santa Rosalía-Maqueda.

El concejal de Campanillas, José Hazañas, afirmó hoy que "esperemos que el resto de partidos apoyen esta moción, ya que la construcción del puerto seco afecta a toda una barriada como la de Santa Rosalía-Maqueda".

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya contempla unos suelos para actividades económicas, "mientras que como, actualmente, está proyectado, no cumple con las condiciones topográficas ni con un acceso de mercancías adecuadas", subrayó el edil en rueda de prensa.

Hazañas señaló que "es fundamental que cualquier planteamiento de este tipo sea estudiado en profundidad en el ánimo de que la incidencia en el bienestar de los vecinos sea mínima".

COMUNIDADES INDÍGENAS AMAZÓNICAS.

Por su parte, el equipo de gobierno presentará otra moción, "única en España, ya que nunca se ha dado en ningún municipio del país", según explicó el concejal de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Julio Andrade.

La intención del PP es, según Andrade, que la moción sea aceptada mañana en el pleno municipal "para ser comunicada al Ministerio y que desde el gobierno se conozca lo planteado en Málaga".

El Ayuntamiento pretende impulsar su compromiso con las comunidades indígenas de Brasil. La ONG Entreculturas avisa de la situación límite de un total de cinco tribus --más de 19.000 personas--, que ven cómo proyectos de colonización económica invaden el territorio para poner en práctica proyectos industriales que encarecen las condiciones de vida de estos grupos de personas.

El Gobierno de Luis Ignacio Lula reconoció en 2005 las tierras y se dio un período de un año para sacar de los lugares a esos sectores económicos. Tres años después, las extensiones de tierras han aumentado, mientras el Tribunal Supremo Federal ha dado de plazo hasta el mes de agosto para que la situación cambie en favor de los grupos indígenas.