MALAGA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado lo Penal número 2 de Málaga juzgará desde mañana al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz por un delito continuado contra la ordenación del territorio presuntamente cometido en 1996, al otorgar licencia al proyecto básico y de obra a una empresa para la edificación de seis viviendas unifamiliares en la urbanización Huerta Belón, en un suelo clasificado como zona verde pública. La Fiscalía pide para el ex regidor dos años de prisión y 10 de inhabilitación.
Junto a Muñoz, están acusados otros miembros del Consistorio en esas fechas, en concreto Rafael González, Mario Jiménez, José Manuel Pomares, Manuel Calle y María Luisa Alcalá, Pedro Román y Juan Antonio Yagüe; mientras que en el escrito de acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, también aparecía imputado el alcalde marbellí Jesús Gil, ya fallecido, como inductor al delito.
Según las conclusiones provisionales, los concejales "decidieron" en una comisión de gobierno de 20 de diciembre de 1996 otorgar licencia al proyecto básico presentado por la empresa MOANSA para la construcción de seis viviendas unifamiliares pareadas en dicha urbanización, "pese a que el suelo donde se autorizaban tales obras tenían una catalogación urbanística incompatible con tal uso", ya que era zona verde pública, "extremo este conocido por los acusados".
Posteriormente, el 7 de noviembre de 1997, los integrantes de la comisión de gobierno ese día concedieron la licencia de obras al proyecto de ejecución de esas viviendas, "conociendo que dicha licencia contravenía las determinaciones de la norma urbanística aplicable". Ambos permisos, según la calificación que el fiscal hizo en su día, fueron otorgados "siguiendo las determinaciones" del entonces primer edil Jesús Gil.
Así, el fiscal distingue entre un delito continuado contra la ordenación del territorio, del que acusa a Julián Muñoz, Mario Jiménez, Manuel Calle y María Luisa Alcalá, por participar en ambas concesiones; pidiendo para éstos las penas de dos años de prisión y 10 de inhabilitación especial para cargo de concejal.
Por otro lado, imputa el mismo delito pero sin la categoría de continuado a Pedro Román, Rafael González, José Manuel Pomares y Juan Antonio Yagüe, para los que solicita las penas de 18 meses de prisión y ocho de inhabilitación especial. Asimismo, pide que se decrete la nulidad de las licencias concedidas.
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