MÁLAGA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ex primer teniente de alcalde de Marbella (Málaga) Pedro Román ha abonado ya la fianza de 200.000 euros impuesta por el juez que instruye el caso 'Malaya', Oscar Pérez, dentro de esta causa, según informaron a Europa Press fuentes judiciales, quienes apuntaron que seguirá en prisión por el momento por estar cumpliendo otra condena.
Pérez decidió la semana pasada, con la oposición del fiscal, rebajar la cantidad de un millón de euros fijada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga para que Román pudiera dejar de estar en prisión preventiva por este caso de corrupción municipal.
Román fue detenido el 1 de mayo del pasado año por el caso 'Malaya', tras lo que ingresó en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre. Además, fue condenado a un año de prisión por un delito urbanístico en el denominado caso 'Moansa'.
Fuentes penitenciarias indicaron que una vez que ha pagado la fianza, está en libertad por la causa en la que estaba como preso preventivo, que es el caso 'Malaya'; pero dijeron en declaraciones a Europa Press que permanecerá porque "tiene una causa penada".
Explicaron que el siguiente paso será que la junta de tratamiento del centro haga la propuesta de clasificación del ex edil, que se remitirá a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en Madrid, encargada de determinar el grado penitenciario a aplicar en el caso concreto de Román.
El que fuera mano derecha del ex alcalde Jesús Gil está procesado por los delitos de cohecho, fraude, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio dentro del procedimiento abierto por corrupción municipal en Marbella.
La Audiencia Provincial de Málaga fijó una fianza de un millón de euros el pasado mes de octubre de 2007, en una resolución por la que se reformaba parcialmente el auto de prisión incondicional dictado en mayo por el juez Miguel Ángel Torres.
Para su decisión, la Sala tuvo en cuenta que se presentó voluntariamente cuando supo que tenía orden de detención europea, volviendo de Suiza, y estimó que la medida económica de un millón de euros era suficiente para garantizar su presencia en procedimientos pendientes y evitar el riesgo de fuga.
