MÁLAGA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
Siete empresas que fueron intervenidas en el caso 'Malaya' y supuestamente vinculadas al presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, tienen una deuda tributaria pendiente de ingreso que asciende en total a más de 8,2 millones de euros a fecha de 30 de septiembre de este año, incluido el principal, recargos de apremio e intereses.
Las deudas están en su mayoría en relación a declaraciones del Impuesto de Sociedades desde 2005 que no fueron presentadas por el anterior administrador judicial en plazo, según un informe; así como a periodos de IVA sin declarar o a liquidaciones de retenciones. En la valoración, se incluyen las estimaciones de los recargos y se advierte de que en general la cuantía "aumentará" con el tiempo.
Estas cantidades, detalladas en el documento, se derivan de la información facilitada por la Administración Tributaria por deudas ya declaradas o liquidadas, pero que están en periodo de recaudación o bien de las declaraciones presentadas por la actual administración judicial sobre periodos anteriores a su nombramiento, que se produjo en febrero de 2008, tras la dimisión del anterior administrador por motivos personales.
Las empresas que acarrean deudas son Lipizzar Investiments, Marqués de Velilla, Perinal, Vanda Agropecuaria, Condeor, Masdevallía y One Properties. Según los datos del informe, a los que tuvo acceso Europa Press, las sociedades que acumulan más deudas son Lipizzar Investments, con tres millones de euros, y Condeor, con 3,2 millones de euros, cantidad para la que se va a solicitar en su totalidad un aplazamiento, al igual que para otras partidas.
Dos de estas empresas que presentan deudas tributarias, como son la Compañía Inmobiliaria Masdevallía y One Properties, han sido declaradas en concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil de Málaga, al solicitarlo la actual administración judicial a finales del pasado julio, tras la autorización del Juzgado de Instrucción número 5 marbellí, encargado del caso 'Malaya'.
Este juzgado autorizó en mayo de 2007 la venta de un hotel de los Alcázares (Murcia), por el precio de 26,5 millones de euros, y del Palacio o Palacete de Saldaña, ubicado en Madrid, por 15,5 millones de euros, pertenecientes ambos a la empresa Condeor. En este último caso, se produjo una obligación de pago de IVA que "debió ser declarado e ingresado", indica el documento.
Desde la representación legal de Roca indicaron que la administración judicial "fue nombrada para salvaguardar el patrimonio de Juan Antonio Roca para responder ante una eventual condena y lo único que se ha conseguido a la fecha es un perjuicio de estas sociedades y de él mismo". Así, esperaron que se inicie un procedimiento "para pedir responsabilidades a quien corresponda" por la situación en la que se encuentran las sociedades.
