MARBELLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)
La ex alcaldesa de Marbella (Málaga), Marisol Yagüe, declaró hoy ante el juez del caso 'Malaya', Óscar Pérez, por una pieza separada abierta por dos operaciones urbanísticas y dijo que concedió la segregación de subsuelo en la zona Francisco Norte para construir un parking, ya que era "absolutamente legal y estaba permitido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986", según informaron desde su defensa.
El instructor dictó en diciembre de 2007 una resolución en la que acordaba practicar varias diligencias de investigación en relación a las operaciones 'Ave María' y 'Francisco Norte'. Respecto a la ex alcaldesa, se instaba a investigar una licencia otorgada por ésta para la segregación de una parcela en esa zona y verificar si la calificación permitía un aprovechamiento independiente.
Las fuentes indicaron a Europa Press que en su declaración, que fue "muy breve", sólo le preguntó el juez sobre si ella autorizó la segregación, a lo que respondió que la concedió pero que "se informó de que era absolutamente legal", al tiempo que precisó que existía "mucha demanda" de plazas de aparcamiento en la zona.
Asimismo, señaló que se trataba de un convenio al que habían llegado anteriores corporaciones municipales y que ella "se limitó a acordar la segregación". Además, dijo no saber si había expediente administrativo, aunque sí le consta que hay "informes favorables" y que las normas del Plan del 86, en concreto el artículo 183, "permitían la construcción de un parking en el subsuelo".
Esta operación urbanística se enmarca en un convenio urbanístico suscrito en enero de 2002, por el que el Consistorio marbellí "se obligó a abonar" a una empresa casi tres millones de euros en concepto de indemnización al no ser posible edificar" en dicha parcela, según señala el juez en el auto en el que ordenaba una serie de diligencias de investigación al respecto.
Los cambios sufridos en ese suelo, detallados en el informe policial, sugieren, según el instructor, "una actividad que presenta trazos de estar dirigida a defraudar los intereses municipales". En relación a esta operación, el juez ya tomó declaración como imputado al ex secretario municipal Leopoldo Barrantes por un delito de falsedad, negando éste que el documento realizado respecto a una comisión de gobierno celebrada en enero de 2003 sea una certificación.
Por otro lado, hoy comparecieron varios ex concejales marbellíes de la segunda corporación en relación a una licencia para construir 33 viviendas en una parcela que se no podía urbanizar, según el plan del 86, pero que según la revisión del 98 sí estaba permitido. Según fuentes de las defensas, los imputados indicaron que "nadie les advirtió de que en los informes se dijera que no se podía construir".