Salado asegura que el Gobierno andaluz sólo ha transferido fondos para ocho de los 17 trabajadores
MÁLAGA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -
El equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga ha criticado los recortes que la Junta de Andalucía está realizando en materia social y que han afectado a los equipos de refuerzo de los servicios sociales comunitarios.
Así, el portavoz 'popular', Francisco Salado, ha apuntado que en la resolución que publicó el Gobierno andaluz el pasado 31 de diciembre únicamente se transferían fondos para los ocho trabajadores sociales de este servicio, quedando excluidos los nueve puestos administrativos.
Los contratos de los equipos de refuerzo de los servicios sociales comunitarios son gestionados por la Diputación, pero financiados al cien por ciento por la Junta, que es la Administración competente. Sin una resolución que los avale, no es posible realizar esas contrataciones, por lo que Salado ha lamentado que no se haya producido.
"Queda claro, una vez más, que las políticas sociales no son una prioridad para el PSOE e IU", ha advertido Salado, quien ha afirmado que, en cambio, los presupuestos de la Diputación de Málaga para 2013 mantienen el gasto social en 27 millones de euros.
Ha señalado que el equipo de gobierno del PP había informado a los sindicatos CCOO y UGT de la situación y ha recordado que el pleno de la institución aprobó en diciembre por unanimidad una moción en la que se instaba a la Junta de Andalucía a que asegurara el mantenimiento de estos equipos de refuerzo.
ENCIERRO DE TRABAJADORES
Ante el encierro este miércoles de una decena de trabajadores en el salón de plenos de la Diputación para rechazar la no renovación de estos nueve empleados, el diputado provincial de Recursos Humanos, Jesús Fortes, se ha reunido con ellos y les ha explicado la necesidad de que la Junta de Andalucía "recapacite" y dote de fondos a este servicio, de modo que se puedan realizar las contrataciones.
El personal de los equipos de refuerzo se encarga de informar de los requisitos y la documentación necesaria para las solicitudes de dependencia, además de recibir las solicitudes en los registros municipales para evitar posibles errores u omisiones. Además, revisa los documentos, requiere a los solicitantes en caso de errores y remite los expedientes a la Junta de Andalucía.
Por otra parte, estos trabajadores elaboran las propuestas del Programa Individual de Atención (PIA) y realizan el seguimiento correspondiente. Dicha propuesta implica un conocimiento exhaustivo de las personas dependientes y de los cuidados que reciben para determinar si son los adecuados.
Salado, por su parte, ha lamentado que el delegado territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta, Daniel Pérez, "sigue sin atender nuestros requerimientos". "Todos los convenios de la Ley de Dependencia y otros programas sociales, cuyas cuantías suman más de 25 millones, están parados porque el Gobierno andaluz no los firma; ni siquiera nos responde", ha denunciado.
El portavoz del PP ha indicado que la Diputación está también pendiente de numerosas deudas que la Junta mantiene con la institución provincial, como es el caso de los equipos de tratamiento familiar, la atención a domicilio de la Ley de Dependencia o los convenios con Aspromanis y Sagrado Corazón.
