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EUROPA PRESS
Actualizado: domingo, 12 noviembre 2017 12:21

MÁLAGA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en la Diputación de Málaga presentará una moción en el pleno de la Comisión de Servicios a la Ciudadanía en la que reclamará al Gobierno central que reforme el Real Decreto que regula la figura del denominado consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica y que sufrague el coste de la protección a dicho consumidor.

Esta partida debería incluirse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y se repartiría entre las comunidades autónomas, según los criterios que se acuerden en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, y la diputada provincial socialista Antonia García han indicado que el Real Decreto 897/2017 de 6 de octubre por el que se regula la figura del consumidor vulnerable define esta figura asociándola, como regla general, a determinados umbrales de renta referenciados al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), en función del número de miembros de la unidad familiar.

Así, según la norma, se evitará el corte de suministro eléctrico a hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los servicios sociales locales o autonómicos abonan la factura. Ante una situación de impago, las eléctricas indicarán a sus clientes que acudan a dichos servicios sociales y, si estos pagan la mitad de la factura no se les cortará el suministro.

Según expertos y organizaciones sociales, esta no es la manera de abordar el problema, puesto que la medida "tiene lagunas y efectos perversos", han dicho los socialistas.

En este punto, han indicado que tendrá "un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni previsto ni pactado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales", y tampoco hay garantía de asunción por parte de las administraciones, "lo que generará graves desigualdades territoriales en el abordaje final del asunto".

Los socialistas han recordado que los PGE de este año no han contemplado el impacto de la medida, "se han obviado y ninguneado sistemas de protección ya existentes en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos y se generará una sobrecarga de gestión imposible para los servicios y los profesionales, que ya durante la crisis vieron multiplicada la demanda y mermados los recursos".

También han apuntado que se discriminan positivamente algunas circunstancias como familias numerosas, independientemente de sus ingresos, y otras "mucho más castigadas como monoparentalidad o soledad no son tenidas en cuenta".

Conejo y García instan en la moción que presentarán esta semana en la Diputación al Gobierno a reforzar el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales desde el Estado para consolidar y desarrollar las estructuras de los servicios sociales de atención primaria así como sus funciones y prestaciones básicas, "impulsando un sistema público de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía".

Igualmente piden la reforma del real decreto y que el coste no recaiga en las administraciones territoriales titulares de los servicios sociales, sino que el Ejecutivo incluya en los PGE una cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección al consumidor vulnerable.

Por último, se reclamará la aprobación, a través del acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una norma que impida el corte de suministro de gas a los consumidores vulnerables.

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