MÁLAGA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social ha considerado que un posible adelanto electoral en la Comunidad Autónoma paralizaría leyes "urgentes" para la ciudadanía, por lo que han mostrado su preocupación.
La Asamblea del Consejo Andaluz, conformada por los ocho colegios provinciales que aglutinan a más de 5.000 profesionales, se ha reunido este sábado en Málaga para elegir a la nueva junta directiva, que durante los dos próximos años estará encabezada por Gonzalo M. Cañestro, presidente actual del Colegio Profesional de Sevilla. El vicepresidente será Rafael Arredondo, responsable del colegio de Málaga.
Estos cambios han sido consecuencia de la reciente elección de la nueva Junta de Gobierno del Consejo General, que representa a la profesión en el conjunto del Estado, en donde, la hasta ahora presidenta del Consejo Andaluz Encarnación Peláez ha sido elegida vicepresidenta. También hay dos representantes más de los colegios andaluces en calidad de vocales.
En la reunión se ha trasladado la preocupación existente por el posible adelanto electoral, que supondría "la paralización de iniciativas legislativas que en estos momentos están en proceso, de las cuáles este Consejo Andaluz ha sido partícipe".
Entre ellas han citado el proyecto de ley de Servicios Sociales de Andalucía, sobre la que este Consejo Andaluz lleva trabajando más de cuatro años; y cuya aprobación es "urgente" para adaptar el sistema de servicios sociales andaluz "a una realidad que no puede ser asumida por la ley en vigor, que data de abril del año 1988".
También quedará "paralizado", han precisado desde el Consejo Andaluz, el borrador de la ley de discapacidad, la de participación ciudadana, o la comisión del parlamento que viene trabajando sobre la renta básica.
"Instrumentos legislativos necesarios e imprescindibles en el objetivo de alcanzar mayores cotas de bienestar social para la población andaluza, que en estos momentos sufre una situación de gran vulnerabilidad social", han indicado, recordando datos de la propia Junta de Andalucía de que hay un millón de usuarios de los servicios sociales en la región.
Estas situaciones de vulnerabilidad, han añadido, "se ven agravadas por la paralización de programas que ante la falta de financiación, ha originado el despido de profesionales y en consecuencia un perjuicio para las personas usuarias de dichos programas", como por ejemplo el de zonas de transformación social.
También han aludido a que la "falta de liquidez" ha afectado al llamado salario social, "del cual según la información que dispone este Consejo hay miles de expedientes pendientes de resolución".
De esta manera, en el encuentro celebrado se ha aprobado la elaboración de un documento que va a recoger una serie de exigencias a plantear al conjunto de los partidos políticos andaluces en caso de que haya un adelanto electoral. El objetivo es que adquieran un "compromiso" en el que se fijen, con un calendario, "propuestas y actuaciones concretas y reales, que haga frente al ataque y situación actual que están sufriendo los derechos sociales, y por tanto el conjunto de la ciudadanía".
