MÁLAGA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala en un informe que se aprecian "suficientes irregularidades y lagunas de información en todo el proceso que envuelve las sucesivas compraventas y arrendamientos" del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, en Estepona (Málaga).
Así consta en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, que investiga el caso, en el cual se realiza por parte de los investigadores una cronología de los hechos y se analiza tanto la constitución de la sociedad Coast Investor como las operaciones de compra por parte de dicha empresa en 2008 y de alquiler y posterior venta del inmueble.
En dicho documento se concluye que, aunque en este momento de la investigación "no se puede determinar el origen de los fondos mediante los cuales se adquirió la propiedad en el año 2008, y por tanto su ilicitud", sí se aprecian "suficientes irregularidades y falta de información" en toda la operación.
El informe indica que la documentación aportada a la Agencia Tributaria por Coast Investor, en la que se aprecia "una cierta opacidad", "siembra dudas sobre el pago de las cuotas debidas por los arrendamientos" por parte del matrimonio "ya que aparentemente no se habrían abonado todas las facturas expedidas" por dicha sociedad.
En este sentido, se incide en que "no queda acreditado que los pagos en concepto de arrendamiento se abonaran en tiempo y forma, percibiéndose cierta aleatoriedad en el momento de los mismos o en el concepto asociado a éstos".
"El motivo de esta apariencia descuidada pudiera ser que no obra en la causa toda la documentación existente, aunque también cabe la posibilidad de que no exista realmente correspondencia entre facturas y transferencias tratándose de una simulación, en la que se efectuarían ciertos pago al objeto de dar apariencia de verosimilitud", precisa el documento.
Asimismo, se añade que el inmueble se adquirió previamente por parte de Coast Investor "sin ni siquiera ser visto y con tanta celeridad que ni siquiera se esperó a que la sociedad tuviera una cuenta bancaria propia, realizándose el pago de la señal a través de una cuenta a nombre de su director".
Ante esto, los investigadores proponen la práctica de nuevas diligencias. Así, para conocer el destino de los fondos abonados por el matrimonio se insta a realizar una comisión rogatoria a los Estados Unidos y para conocer la trazabilidad del dinero empleado para el arrendamiento se considera necesario librar mandamiento a los interlocutores con el Servicio Ejecutivo de la Comisión Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales de varias entidades bancarias.
En esta causa se investigan los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho. Las pesquisas van dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el inmueble a González y su mujer, que primero pagaron un alquiler mensual, que luego se rebajó; y posteriormente, en diciembre de 2012, el matrimonio lo adquirió por 770.000 euros.
La Audiencia de Málaga desestima los recursos de apelación interpuestos en relación, entre otras cuestiones, con la investigación patrimonial del matrimonio, tras lo que la jueza instructora acordó realizar más actuaciones, como que se volviera a pedir a la Policía que certificara las entradas y salidas del presunto testaferro y representante de Coast Investor, Rudy Valner.
En abril de 2016, González declaró que él y su mujer entraron en contacto con el propietario del piso por un anuncio en un periódico y estuvieron en comunicación por teléfono, sin saber que había una sociedad detrás del piso hasta el momento de la firma del contrato de compraventa. Señaló que no conoció a Valner hasta ese momento, añadiendo que éste se comportaba "a todos los efectos como propietario de la vivienda".
