Adelante presenta una proposición de ley para blindar los derechos del alumnado con necesidades específicas de apoyo

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha registrado este lunes una proposición de ley en la Cámara autonómica que persigue "blindar" los recursos y derechos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, toda vez que considera que la pandemia por Covid-19 ha vuelto a poner de relieve que este colectivo está "abandonado".

Así lo ha explicado el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ha registrado la iniciativa legislativa que presenta la confluencia siendo "intermediario" entre las instituciones y el movimiento por la educación pública, al que atribuye el impulso para esta propuesta y que "ha detectado falta de recursos para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que ha sido abandonado porque faltan profesionales".

De este modo, Adelante registra una Proposición de Ley que "pretende generar un derecho y poner en piedra que este alumnado tiene que estar atendido por los profesionales de la atención a la diversidad y hacerlo en número suficiente para que tengan una educación lo más normalizada posible".

Y es que, como ha advertido José Ignacio García, "ni los anteriores gobiernos del PSOE-A ni el actual del PP-A y Ciudadanos (Cs) han hecho que este derecho a la inclusión sea real", al tiempo que ha indicado que la iniciativa se ha confeccionado de la mano de sindicatos como CGT o Ustea, además de asociaciones y ampas de varias provincias, Escuelas de calor o colectivos de trabajadores como las monitoras de educación especial o los intérpretes de lengua de signo, "que llevan años peleando para que sus hijos tengan una educación normalizada".

En concreto, esta proposición de ley supone una modificación de la ley de 1999 de solidaridad en la educación de Andalucía, y lo hace "estableciendo unos ratios claros y concretos que ningún gobierno podrá saltarse para que este alumno vea garantizados sus recursos".

Así, de aprobarse la norma se establecería que cada centro educativo tenga el "kit completo" de profesionales de atención a la diversidad, esto es al menos un orientador, un monitor educación especial, un maestro de audición y lenguaje y un maestro de educación especial.

Del mismo modo, se establece un ratio máximo de un maestro de educación especial y de audición y lenguaje por cada 10 alumnos que requieran su atención; que cada colegio de Infantil y Primaria tenga un orientador en el propio centro, "y no como hasta ahora que hay uno por zona que atiende a cinco o seis centros"; se establece un ratio máximo de una monitora de educación especial por cada seis alumnos que la requieran; la obligatoriedad de que el alumnado con discapacidad auditiva tenga intérprete de lengua de signo el 100% de la jornada, y que los centros cuenten con un profesional de enfermería.

A juicio de Adelante, "esta pandemia ha generado una crisis educativa y quien más lo está pagando es el alumnado con más dificultades", de modo que "como el Gobierno no cumple su función, hacemos propuesta para que el Ejecutivo andaluz cumpla con el derecho a la inclusión educativa", ha zanjado García.