Por Andalucía critica a Moreno por "excusas para eludir" reclasificar a técnicos sanitarios: "Hay recursos y cobertura"

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha recriminado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la posición que mostró el lunes el Consejo de Gobierno ante la Proposición de Ley de este grupo para la reclasificación de personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que afecta fundamentalmente a técnicos, por estimar que se trata de "excusas para eludir cumplir su obligación".

Nieto ha defendido sobre el pronunciamiento del Gobierno andaluz, que ha remitido a la necesidad de que haya previamente una normativa nacional para esa reclasificación, que "hay recursos y hay cobertura legal" para que la Junta de Andalucía pudiera revisar las categorías de ciertos grupos de sanitarios, sobre los cuales ha considerado que "a ojos de Moreno Bonilla son menos importantes", entre los que ha mencionado profesionales como los auxiliares de enfermería o los técnico de laboratorios, para colegir que "de ahí que engorden el rosario de excusas".

"Nuestra posición no va a variar", ha proclamdo la portavoz de Por Andalucía, antes de expresar sus dudas sobre si en esta jornada en la reunión de la Junta de Portavoces para abordar el orden del día del Pleno de la Cámara autonómica de la próxima semana se abordará la inclusión de esa Proposición de Ley una vez que el pronunciamiento del Consejo de Gobierno ya está encima de la mesa.

"No nos ha sorprendido la contestación del Consejo de Gobierno", ha proclamado la también dirigente de Izquierda Unida Andalucía, quien se ha mostrado convencida de que los argumentos expresados por la Junta de Andalucía reflejan "posiciones que no tiene justificación", antes de advertir de que esos profesionales sanitarios "no tienen una clasificación correcta", para desechar entonces la fundamentación exhibida por la Junta de "si no lo hace antes el Estado" o "el coste de hacer esto", para colegir que "ni lo uno ni lo otro se sostiene".

"No hay ningún precepto que impida pagar las retribuciones que les corresponde por formación y por las funciones que desempeñan", ha dicho Nieto, quien ha planteado que "las Comisiones Obreras se han ido a los tribunales a reclamar a las comunidades autónomas a que hagan lo que deben", antes de apuntar con ironía que "queremos que la Junta de Andalucía hiciera historia" apostando por revisar la clasificación de esos técnicos sanitarios.

La Proposición de Ley de Por Andalucía reclama modificar la Disposición Adicional Vigésimo Tercera de la Ley de Función Pública de Andalucía para revisar la clasificación de ciertos profesionales e incluirlos en el Grupo B y Subgrupo C1 con efectos legal y económico desde el 1 de enero de 2025.

Ahí incluye para su calificación como Cuerpo Técnico Superior Sanitario a las especialidades Anatomía Patológica y Citodiagnóstico; Audiología Protésica; Dietética; Documentación y Administración Sanitarias; Higiene Bucodental; Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear; Laboratorio Clínico y Biomédico; Ortoprótesis y Productos de Apoyo; Prótesis Dentales; y Radioterapia y Dosimetría.

En el caso del Grupo C y Subgrupo C1, plantea incluir en el Cuerpo de Ayudantes Facultativos a técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TECAE), el técnico en Emergencias Sanitarias y técnico en Farmacia.

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía manifestó el lunes su criterio sobre la Proposición de Ley de reclasificación del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para esgrimir que "es necesario un desarrollo de ámbito nacional" para poder acometerlo.

La Junta de Andalucía apuntó que, "según la normativa y jurisprudencia aportada, es necesaria una norma estatal, con rango legal, que regule la materia, así como la necesaria coordinación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas para evitar indeseables disfunciones, ya que se trata de categorías profesionales sanitarias con implantación en todo el territorio nacional reguladas en el Real Decreto 184/2015, de 13 marzo".

También apeló el Gobierno andaluz en su respuesta a que, "aunque se trata de una proposición de ley que no tendría impacto en 2024, sí que debería contemplar el impacto económico que generará a partir de 2025 y que compromete ejercicios futuros".