MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, ha estimado que a los pacientes afectados de Hepatitis C en Andalucía, que ya están contabilizados y bajo tratamiento, podrían sumarse como mínimo 30.000 con el virus, pero que permanecen todavía sin diagnóstico ni tratamiento al encontrarse en una fase leve. Aunque esto es solo una estimación basada en un estudio epidemiológico que se ha llevado a cabo en Navarra y extrapolado a la región andaluza, la consejera también ha dicho que el coste de incorporar estos pacientes podría ascender a unos 500 millones de euros de aquí a 2020.
Así se ha pronunciado la consejera después de que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas hayan acordado este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ampliar el Plan Nacional de la Hepatitis C hasta el año 2020, para poder tratar a todos los pacientes con el virus, incluyendo a los que presentan fibrosis más leves (fases F0 y F1), pero reclaman un fondo específico para poder financiar los nuevos fármacos de última generación.
Álvarez ha insistido a que no puede confirmar un dato exacto y sólo ha realizado "estimaciones" porque todavía queda por saber "qué cribado se haría para detectar a los pacientes" en fase cero o en fase uno que procederían a ser tratados. Sin embargo, sí que ha avanzado que "a los pacientes en fase más avanzada de la enfermedad que hay en Andalucía" habría que sumar los pacientes que se fueran detectando y que, según ha estimado, superarían los 30.000.
Por otro lado, la consejera, que ha participado este miércoles en el Consejo Interterritorial, ha apuntado que comparte que el tratamiento de la Hepatitis C "llegue a todos los pacientes independientemente de la fase de fibrosis en la que se encuentre" pero, por eso mismo, ha considerado "importante" que "se acompañe de un fondo de financiación adecuado". "Si no es de esta manera vemos difícil la equidad en el acceso a los medicamentos", ha añadido.
Así, Álvarez ha abogado por una "universalidad" y una "equidad" en el acceso a medicamentos por parte de los pacientes afectados de Hepatitis C y para ello ha insistido en que "es necesario contar con una financiación específica para este tratamiento". Además, ha dicho que también es importante "trabajar con la industria farmacéutica" para establece otros precios para los medicamentos referidos a patología porque, según ha dicho, son "abusivos".
52 AFECTADOS POR TALIDOMIDA
La titular de Salud ha apuntado también que en la reunión se ha tratado el tema de los pacientes afectados por la talidomida, con los que la Junta de Andalucía "mantiene una buena relación". "Los afectados por talidomida piden un apoyo para que sean reconocidos y puedan ser compensados por la empresa farmacéutica alemana", ha dicho.
Además, ha explicado que en Andalucía existe un registros para pacientes afectados por talidomida que se hizo efectivo en el año 2016 y que ya incluye 52 pacientes. "Esto es una base para que puedan tener un tratamiento y manejo adecuado y para que puedan recibir la compensación que necesitan estos pacientes", ha concluido, al tiempo que ha insistido en "unir fuerzas comunes" entre el Ministerio y las comunidades para que "de verdad" la empresa farmacéutica alemana "pueda compensar a estos pacientes como se ha hecho en otros países".
PRAN, TRONCALIDAD Y OPE
Asimismo, también la comunidad andaluza ha mostrado su colaboración para avanzar en el Plan Nacional Frente a las Resistencias a los Antibióticos (PRAN), que ha tenido como modelo el programa andaluz Pirasoa (Programa Integral de Prevención y Control de las Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y de uso apropiado de los antimicrobianos).
En esta línea, ha pedido que el plan nacional tenga el "liderazgo de los profesionales", como ocurre en Andalucía, donde participan 628 profesionales integrados en 61 equipos multidisciplinares de hospitales y distritos de atención primaria. De igual modo, la consejera ha solicitado que se trabaje en este ámbito desde la Estrategia de Seguridad del Paciente y en colaboración con las comunidades autónomas para mejorar el sistema actual de asunción voluntaria de las propuestas de las sociedades científicas.
En el debate de la troncalidad, Marina Álvarez ha defendido la importancia del modelo de troncalidad para la formación de los especialistas internos residentes. Del mismo modo, al igual que otras comunidades, se ha propuesto que se valore el reconocimiento como especialidad Enfermedades Infecciosas y Urgencias, algo que será abordado en la próxima Comisión de Recursos Humanos.
En el pleno de este miércoles también se ha tratado la temporalidad en el Sistema Nacional de Salud, donde Andalucía ha mostrado su acuerdo en buscar "puntos de encuentro para una mejor coordinación en esta materia" y, concretamente, de ofertas de empleo públicas que unifiquen criterios sin mermar las competencias de las comunidades autónomas.
La consejera andaluza ha manifestado que sean las mesas sectoriales de sanidad de cada comunidad autónoma las que negocien para delimitar las bases de las convocatorias de la Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria, no una comisión técnica a nivel nacional. Además, Álvarez ha destacado que aunque sería conveniente la existencia de criterios comunes de carácter básico y guías comunes para la elaboración de los temarios, no debe existir ni un baremo común y único ni un temario común.
Asimismo, ha manifestado estar de acuerdo con un calendario común de los procesos selectivos, aunque ha matizado que no debe tener carácter obligatorio sino que debería ofrecer la posibilidad de adhesión de las comunidades autónomas, y ha señalado que entiende necesario un acuerdo en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud para garantizar la coordinación de los procesos selectivos, compatible con el ejercicio de las competencias autonómicas.
La OPE extraordinaria se sumaría a las que está llevando a cabo el Servicio Andaluz de Salud en Andalucía. La próxima que se convocará será la de 2017, correspondiente a la reposición del cien por cien de las plazas que han quedado vacantes en 2016 y que alcanza un total de 3.553 plazas, de las que 2.555 son de acceso libre. Así, junto a las ofertas de empleo público desde 2013, el volumen total de plazas alcanzará las 10.226 plazas, que ahora se ocupan temporalmente y que se cubrirán con carácter fijo, mejorando la calidad en el empleo de los profesionales del sistema.
