Por Andalucía registra una iniciativa para "endurecer" la Ley andaluza de Incompatibilidades ante "puertas giratorias"

La portavoz parlamentaria del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, presenta una iniciativa para reformar la Ley de Incompatibilidades de altos cargos de la Administración andaluza.
La portavoz parlamentaria del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, presenta una iniciativa para reformar la Ley de Incompatibilidades de altos cargos de la Administración andaluza. - POR ANDALUCÍA
Actualizado: jueves, 4 abril 2024 16:08

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha anunciado este jueves el registro de una proposición de ley con la que plantea una reforma para "endurecer" la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos.

Se trata de "reforzar la protección" legal ante las "puertas giratorias" que puedan protagonizar ex altos cargos de la administración, según han defendido desde Por Andalucía, que ha informado este jueves en una nota de la presentación de dicha proposición de ley relativa, concretamente, al "refuerzo de la obligación de exclusión de altos cargos en situación de incompatibilidad en empresas licitadoras de contratos públicos".

Por Andalucía ha defendido que el objetivo de esta iniciativa es "proteger el interés general cuando la ley se incumpla", para lo cual plantea, de un lado, recuperar la redacción del artículo 9 de la citada Ley 3/2005, que fue "modificada vía decreto" por el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A), según han subrayado desde la coalición.

Así, desde Por Andalucía han explicado que, antes de dicha modificación, "una empresa que aspiraba a ser adjudicataria debía certificar desde su órgano de dirección o administración que no contaba con ninguna persona que pudiera estar incumpliendo la ley de incompatibilidades", pero tras dicha reforma "ya sólo se requiere una declaración responsable de alguien que represente a la empresa en el proceso".

Por otra parte, la ley "no establece sanción para la empresa que acoge a un alto cargo que haya infringido la ley y/o que le haya dispensado un trato de favor", como, según añaden desde Por Andalucía, ha sido el caso de la aseguradora privada Asisa en relación al exviceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán, que ha sido contratado por la entidad.

Por ello, Por Andalucía propone que "la constatación de estas prácticas corruptas sea motivo de la rescisión del contrato que la Junta de Andalucía tenga con la empresa beneficiaria".

La portavoz del grupo Por Andalucía en el Parlamento, Inma Nieto, ha manifestado que "la redacción actual permite a las empresas corruptoras seguir disfrutando del contrato público conseguido y, por tanto, sacando provecho como si nada", y eso "no es de recibo", según ha sentenciado.

TRAS EL CASO DEL EXVICECONSEJERO DE SALUD

El nombramiento de Miguel Ángel Guzmán como director médico de Asisa, "apenas tres meses después de su renuncia a la Viceconsejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha puesto en evidencia la indolencia del Partido Popular ante una práctica corrupta, toda vez que Guzmán adjudicó a dedo contratos millonarios a la empresa desoyendo los reparos de Intervención", han denunciado desde Por Andalucía, desde donde también han criticado el "atronador silencio cómplice" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en relación a este caso.

Según continúan exponiendo desde el grupo que integra a Podemos, IU y Más País Andalucía, entre otras formaciones de izquierdas, "en cumplimiento de la ley andaluza de incompatibilidades, el ex alto cargo debió plantear su intención de incorporarse a una empresa del mismo sector para recibir la pertinente autorización, algo que no hizo, ni la Junta le ha requerido".

"El Gobierno del PP habla ahora de estudiar el asunto, pero lo cierto es que no ha cumplido con su obligación, y tendrán que explicar las razones", han avisado desde Por Andalucía, grupo que ha añadido que tampoco consta la declaración de Guzmán de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos cargos en el Registro público, "a pesar de que la ley también obliga a ello en un plazo no superior a dos meses desde que se produce la renuncia o el cese".

Todos estos extremos se encuentran recogidos en la denuncia presentada por el citado grupo parlamentario ante la Oficina Andaluza Antifraude, "competente para dilucidar la legalidad de la polémica contratación", subrayan desde Por Andalucía para concluir.

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