La Fiscalía considera que la cuantía de la fianza es "excesiva" y reclama a la Audiencia que la reduzca
SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla que reduzca la cuantía de la fianza de 30.000 euros que la juez María Núñez Bolaños impuso al PP-A para poder ejercer la acusación popular en la causa abierta para investigar las transferencias de financiación recibidas por la agencia IDEA, ya que entiende que dicha fianza es "excesiva".
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal delegado Anticorrupción Fernando Soto pide a la Audiencia que estime parcialmente el recurso presentado por el PP-A y reduzca la cuantía de la fianza "hasta un importe que no impida u obstaculice gravemente el ejercicio de la acción popular por la parte apelante".
Recientemente, cabe recordarlo, la juez inadmitió el incidente de recusación planteado por el PP-A en esta causa al entender que este partido político "no es parte" en el procedimiento al estar pendiente, precisamente, de que la Audiencia resuelva su recurso contra la decisión de la magistrada de confirmar la fianza impuesta de 30.000 euros para poder ejercer la acusación popular.
El representante del Ministerio Público dice en este escrito fechado el día 2 de noviembre que, "si preceptiva es la imposición de fianza, no lo es menos que la misma debe ser adecuada y no impedir u obstaculizar gravemente el ejercicio de la acción popular".
"A la vista de la fundamentación contenida en el auto, no puede decirse que la decisión de imponer una fianza de 30.000 euros al PP-A parezca proporcional, pues, probablemente, pueda producir como resultado en la práctica el de impedir u obstaculizar gravemente el ejercicio de la acción penal por el apelante", manifiesta.
Al hilo, el fiscal dice que "no debe olvidarse que en otras causas en las que se investigan hechos de entidad semejante a los que aquí nos ocupan", como en el caso ERE dirigido contra los entonces aforados, el Tribunal Supremo impuso una fianza de 3.000 euros "a quienes manifestaron su voluntad de personarse como acusadores populares, entre otros, el aquí apelante".
ENTRE 1.500 Y 6.000 EUROS
Además, "en otros supuestos similares, el importe de las fianzas impuestas por la Sala Segunda" del Supremo "ha oscilado entre 1.500 y 6.000 euros", por lo que "no parece adecuada por excesiva la cuantía de 30.000 euros fijada" por la juez en el auto recurrido por el PP-A, señala el fiscal.
La pasada semana, la instructora rechazó la recusación presentada por el PP-A en esta causa después de que la Fiscalía se opusiera y pidiera inadmitir el incidente dado que el PP-A "aún no es parte en el procedimiento" al estar pendiente de que la Audiencia resuelva su recurso contra la decisión de la juez de confirmar la fianza impuesta de 30.000 euros para poder ejercer la acusación popular.
De este modo, "se condiciona el ejercicio de la acción a la prestación de 30.000 euros de fianza, cautela que no ha prestado y cuestión aún no resuelta", afirmó el fiscal delegado Anticorrupción, quien subrayó que al PP-A "aún no se le tiene por parte en este procedimiento, con independencia de su procedencia, cuestión actualmente sometida a discusión procesal", de forma que "el PP no puede aún considerarse parte en el procedimiento, por lo que carece de facultades para interponer el incidente de recusación".
Así, el representante del Ministerio Público reclamaba "la inadmisión 'a limine' del incidente, sin perjuicio de informar en su caso sobre el fondo, una vez se resuelva definitivamente su condición procesal".
EL INCIDENTE DE RECUSACIÓN
Y es que el PP-A presentó un incidente de recusación contra la juez alegando, entre otros motivos, que una cuñada de la magistrada trabaja en IDEA, aunque distintas fuentes consultadas por Europa Press, entre ellas de la propia agencia, han indicado que la misma "nunca" gestionó las transferencias de financiación.
Así, el PP-A explica que las causas que motivan la recusación de la magistrada, y que le hacen incurrir en "causa de abstención", son el parentesco motivado por el desempeño profesional de la cuñada de la juez y el hecho de tener "interés directo o indirecto en el pleito o causa".
Según subraya el PP-A en su incidente de recusación, "la técnico del área de Control y Seguimiento del uso de los fondos públicos que maneja la agencia IDEA, incluidas las transferencias de financiación provenientes de las consejerías de Empleo e Innovación, María Guija Villa, es la cuñada de la juez, que es quien investiga el uso inadecuado de las transferencias de financiación" de IDEA.
