Aplazado hasta septiembre el juicio en Granada contra tres miembros del SAT por una protesta en la Delegación de Turismo

GRANADA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 3 de Granada ha suspendido el juicio que debía celebrarse este jueves contra tres miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que se enfrentan a peticiones de hasta cinco años de cárcel acusados de un delito de desorden público tras la protesta que llevaron a cabo el 4 de marzo de 2021 en la Delegación de Turismo de la Junta por un despido.

El juicio se ha suspendido por enfermedad del fiscal y se ha fijado de nuevo para el próximo 13 de septiembre, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales tras la suspensión que ya se produjo el pasado febrero.

Fuentes del caso han detallado a Europa Press que la Junta ha descartado este jueves, a petición de las defensas, retirar su acusación contra los tres miembros del SAT, tal y como vienen reclamando al entender que se trata de una "persecución sindical".

Los acusados censuran además el modo en que este proceso se está dilatando en el tiempo "alargando su sufrimiento" a la espera de un juicio en el que se enfrentan a peticiones de prisión "por una acción sindical" hace más de tres años.

Durante la concentración de apoyo que se ha celebrado a las puertas de los juzgados, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha recalcado que este es un "juicio político" y un caso de "lawfare" contra personas "que simplemente estaban defendiendo pacíficamente los derechos laborales".

Ha reclamado así la absolución para estos tres miembros del SAT que se sientan en el banquillo de los acusados porque "estaban peleando contra un despido" y lo hicieron --según ha agregado-- sin provocar "ningún tipo de daños materiales ni personales", pues "no pasó absolutamente nada más que colgar una pancarta".

El portavoz de Adelante Andalucía ha afeado que esto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, le "parezca merecedor de cinco años de prisión", al tiempo que también ha atribuido esta situación a que el actual Gobierno de coalición de PSOE y Sumar no hay derogado la Ley Mordaza, la cual "hace" que a la gente que proteste para reclamar sus derechos "les cueste penas de prisión".

EL CASO

La Fiscalía solicita una condena de un año y tres meses de cárcel para cada uno de ellos afirmando que aquel día estas tres personas presuntamente "rebasaron" el control de acceso al edificio de la Delegación de Turismo de la Junta y se introdujeran dentro.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía mantiene que los acusados se introdujeron en la zona de los despachos, "encarándose con el personal auxiliar" que estaba allí trabajando y "revolvieron y manipularon a su antojo la documentación que hallaron".

Junto a ello, desplegaron una pancarta reivindicativa visible desde el exterior, tomando imágenes con las que luego, según el relato del fiscal, "se jactaron en redes sociales", hasta que "finalmente se logró el desalojo no sin fuertes tensiones".

La Junta de Andalucía considera, por su parte, que los hechos son constitutivos de delitos de desorden público, de amenazas y coacciones por el que solicita una condena de cinco años de prisión o, alternativamente, un año y medio de prisión para cada uno de los acusados.