CÓRDOBA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP-A, Javier Arenas, opina, en relación con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) supuestamente irregulares que investiga un juzgado sevillano, que "el fiscal tiene que estar al servicio de la investigación, de la legalidad y de la transparencia, no al servicio del Gobierno".
Arenas, durante su intervención en una reunión en Córdoba de la junta directiva del PP andaluz, ha reaccionado así ante el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya recurrido el auto de la juez Mercedes Alaya, que investiga los ERE, en el que ordenó a la Junta de la Andalucía la entrega de las 480 actas de los consejos de Gobierno celebradas desde 2001, para su custodia.
Ante esto, Arenas ha dicho estar "muy preocupado" ante estas noticias, por lo ya explicado y también "porque se han producido en los últimos días nombramientos de fiscales vinculados a los ERE", que a los populares les han "escamado mucho", a lo que se suma que "la Fiscalía, de forma insólita, apoyó la recusación de la juez de los ERE", siendo ahora "sorprendente que la Fiscalía se oponga a que se entreguen las actas (de los consejos de Gobierno de la Junta) para que se instiguen".
ERE MUERTOS
"Pero hay algo más grave --ha subrayado--, los 19.000 prejubilados que están en los llamados ERE muertos, porque ya ha terminado su vigencia, y la Junta se niega a investigarlos", lo cual, a juicio de Arenas, "es un delito muy grave", es decir, "negarse a investigar las 19.000 prejubilaciones de los ERE que ya no tienen vigencia es un delito muy grave, es corrupción".
Por eso, los 47 diputados regionales del PP van a pedir "en una carta" dirigida al Gobierno andaluz "que se investiguen de inmediato" dichos ERE muertos, avisando Arenas que, "si no quiere investigarlos la Junta" serán los diputados populares los que vaya "a las dependencias" de la Administración autonómica para investigar, por lo que demandarán "acceso inmediato a todos los expedientes".
Eso es algo que cree necesario el dirigente del PP andaluz, quien se ha preguntado "cómo es posible que hayan reconocido en torno a 200 irregularidades en los ERE vivos y, teniendo ese precedente, no quieran analizar qué ha pasado con los anteriores", sobre todo porque, "si en esos ERE muertos hay intrusos, la Junta tiene la obligación de pedirles que devuelvan lo que han robado".