Asaja da "por seguras" movilizaciones por las expropiaciones de la A-32 y exige al Gobierno "hechos y no palabras"

JAÉN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja en Jaén da por "prácticamente seguro" que a partir de este próximo mes de septiembre convocará movilizaciones para protestar por la cantidad de expedientes de expropiaciones de terrenos realizadas para la construcción de la A-32 en la provincia que quedan aún por negociar, y ha exigido al Gobierno "hechos, plazos, actuaciones y fechas", y no "intenciones o palabras".

En declaraciones a Europa Press, el responsable de Servicios Técnicos de Asaja-Jaén, Cristóbal Gallego, ha criticado las últimas manifestaciones pronunciadas al respecto por el subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, que señaló la pasada semana que el Ministerio de Fomento estaba trabajando para avanzar en esta cuestión, pero "no dio plazos ni concretó actuaciones".

Para Gallego, es "muy grave" que haya "más de 2.500 expedientes sin ni siquiera acuerdo previo sobre el justiprecio que deberá abonar el Gobierno por las expropiaciones", ya que ello impide, según ha explicado, que los propietarios de esos terrenos puedan acudir a entidades financieras a solicitar créditos con los que "proseguir su actividad".

El representante de Asaja ha rechazado además que el Ejecutivo actual pueda tratar de descargar su "responsabilidad" en esta cuestión al considerarla una "herencia" del anterior Gobierno, porque la Administración estatal "tiene la obligación de gestionar lo que ocurrió, aunque no fuera culpable de ello".

En ese sentido, el responsable de Servicios Técnicos en Jaén de la mencionada organización agraria ha criticado que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero "ordenase las expropiaciones, permitiese que se arrancasen los olivos, y a los dos días anunciase la paralización de las obras de la A-32".

Al hilo de ello, ha querido dejar claro que Asaja respalda la construcción de dicha carretera, porque considera que esa obra servirá para "vertebrar" a la provincia y "quita un importante tránsito de tráfico", de forma que lo que rechaza son las expropiaciones que se llevaron a cabo para su materialización, con las que "se suspendió de empleo y sueldo a sus agricultores propietarios".

Por último, Gallego ha confirmado que la organización ha mantenido "reuniones puntuales" con el subdelegado del Gobierno para abordar esta cuestión, pero ha insistido en que "sus intenciones no se traducen en hechos", y la Administración central "ni siquiera da garantía de lo que podrán cobrar en compensación por las expropiaciones" los más de 2.500 propietarios que, según este representante, aún no tienen idea de la cantidad a la que ascenderá el justiprecio.