Adopta esta decisión tras comprobar que el instructor no dio traslado de las actuaciones a las empresas responsables civiles subsidiarias
SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Sevilla ha devuelto al juez que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria la pieza separada por las ayudas a Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA) por un defecto de forma tras comprobar que el instructor no ha dado traslado de las actuaciones a las empresas declaradas responsables civiles subsidiarias, lo que conllevará un retraso en el señalamiento del juicio.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Cuarta de la Audiencia adopta esta decisión tras advertir que, en sus respectivos escritos de acusación, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular que ejerce la agencia IDEA interesan la responsabilidad civil subsidiaria de distintas empresas.
"No constando que el Juzgado instructor haya adoptado al respecto resolución ninguna" en el auto de apertura de juicio oral "ni haya dado traslado de las actuaciones a los designados como terceros responsables", la Sala acuerda devolver las actuaciones al juez de Instrucción número 16 de Sevilla a los fines previstos en el artículo 784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, con la decisión adoptada por la Audiencia mediante esta providencia fechada el 9 de octubre, "todo vuelve al momento anterior" al auto de apertura de juicio oral a fin de que el juez de traslado de la acusación a las empresas declaradas responsables civiles subsidiarias para que, en el plazo de diez días, puedan formular su escrito de defensa.
ANTICORRUPCIÓN RECLAMA HASTA 19 AÑOS DE CÁRCEL
La Fiscalía Anticorrupción, cabe recordarlo, ha solicitado penas de 19 años de cárcel y seis años y medio de prisión para los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, respectivamente, por los 716.000 euros en préstamos concedidos por esta empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta a FIVA.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide 19 años de cárcel y 47 años de inhabilitación para Pérez-Sauquillo por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios, falsedad en documento mercantil y delito de contrato simulado.
Asimismo, Anticorrupción reclama seis años y medio de prisión y 16 años de inhabilitación para Laura Gómiz por un delito de contrato simulado en concurso con delitos de prevaricación y malversación.
De igual modo, pide penas de entre 16 años y medio de cárcel y cuatro años de prisión para los otros diez procesados, como son el exdirector financiero de Invercaria Antonio Nieto Garrido; el representante de Novasoft Francisco José Barrionuevo, y los representantes legales de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill.
INDEMNIZACIÓN DE 1,3 MILLONES
El Ministerio Público, que pide que los 12 procesados indemnicen a Invercaria con 1.365.000 euros, acusa también a los consejeros de Invercaria Juan Vela Quiroga, Ramón Martín López, Isabel de Haro Aramberri, Bienvenido Martínez y Jacinto Cañete, y a Mariano Pérez-Sauquillo, hermano del expresidente de Invercaria.
El juez de Invercaria ha concluido ya la instrucción de las siete primeras piezas del caso por las ayudas a FIVA, Fumapa, Servivation --donde la Fiscalía ha pedido seis años de cárcel para el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo--, Operador Aéreo Andalus, Lolita Canalla, Aceitunas Tatis y la diseñadora Juana Martín.
