SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado el informe sobre la fiscalización financiera, de cumplimiento y operativa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y referida al ejercicio de 2018, y ha determinado que la institución no siguió "adecuadamente sus objetivos", toda vez que ha resaltado que el Centro Provincial de la Mujer "más eficiente" se encuentra en Huelva.
Así lo ha expresado este organismo en un comunicado, donde ha determinado que, en cuanto a los centros municipales de información a la mujer, la provincia de Córdoba es "la que obtiene un coste de atención menor".
La Cámara ha explicado que el análisis realizado se ha dirigido a verificar si el IAM ha aplicado los principios de buena gestión en el desarrollo de las actividades para alcanzar su misión de promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad del hombre y la mujer andaluces, haciendo posible la participación y presencia de la mujer y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política de la mujer.
Ha detallado que para la evaluación de los objetivos y actividades, el IAM solo ha definido indicadores de eficacia, por lo
que no se evalúa ni la economía ni la eficiencia en la gestión.
Además, en relación con los indicadores establecidos han detectado otras debilidades: no se evalúan los indicadores establecidos en la Carta de Servicios; los indicadores desagregados por sexo se evalúan por la cuantía total alcanzada, sin considerar por separado la ejecución lograda para mujeres y hombres; no se establecen indicadores de impacto que permitan evaluar la influencia de las actividades del Instituto sobre la consecuencia de la igualdad y hay errores en la medición realizada en el 18% de los indicadores.
En relación con el análisis de la eficacia, se han alcanzado las cuantías previstas en el 58 % de los indicadores analizados (el 50% de los indicadores establecidos no han podido ser verificados por la
Cámara de Cuentas de Andalucía).
Por otra parte, se ha puesto de manifiesto la "ineficiencia" en la prestación del Servicio municipal de atención telefónica inmediata contra la violencia sexual, con un coste unitario "muy elevado".
Por último, se concluye que los servicios ofrecidos por el IAM son accesibles para un elevado porcentaje de la población andaluza, con independencia de su lugar de residencia, pero determinadas áreas geográficas pueden no quedar suficientemente atendidas.
La Cámara de Cuentas ha recalcado que su responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros y presupuestarios y sobre la legalidad de las operaciones efectuadas por el IAM en el ejercicio 2018, así como concluir sobre el cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia en la actividad desarrollada por la Agencia.
Así, ha emitido una opinión "con salvedades" en relación con las cuentas anuales de la agencia correspondientes al ejercicio 2018, fundamentada en "la limitación al alcance que ha supuesto la insuficiente documentación aportada sobre los bienes inmuebles, que ha impedido alcanzar evidencia "adecuada y suficiente" sobre la existencia, la integridad y la correcta valoración del inmovilizado material".
En el campo del cumplimiento de legalidad, la entidad ha recogido "determinadas incidencias e incumplimientos" en relación con la tramitación y gestión de los expedientes de subvenciones, como la ausencia de un plan estratégico de subvenciones o la falta de justificación de a utilización de subvenciones excepcionales para el desarrollo de programas y prestación de servicios que garanticen a las víctimas de violencia de género el derecho a una asistencia social integral en el IAM.
Asimismo, la Cámara andaluza ha destacado que no queda acreditado el cumplimiento de los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación al concederse a determinados beneficiarios, de manera reiterada y mediante concesión directa la realización de estos servicios.
Ha remarcado que se incumple el principio de concurrencia competitiva, al asignar las cantidades otorgadas a los
beneficiarios en proporción a la puntuación obtenida pese a que las bases reguladoras no permiten el prorrateo, además de incumplir los plazos máximos para resolver y publicar la resolución del procedimiento en las subvenciones otorgadas en régimen de concurrencia competitiva.
En materia de contratación pública, el organismo ha puesto de relieve que no hay actualización del perfil del contratante ni motivación de la necesidad del contrato. Ha apuntado que el plazo otorgado para la presentación de proposiciones de contratos sujetos a regulación armonizada inferior al establecido por la ley de contratos, el comité de expertos está integrado por miembros de la mesa de contratación, asó como incumplimiento en el plazo máximo para efectuar la adjudicación del contrato.
Además, desde la Cámara de Cuentas andaluza han hecho hincapié en que existe fraccionamiento del objeto del contrato y en la falta de adecuación a los principios de publicidad, transparencia y eficiencia del artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Han determinado que, con respecto a los encargos a medios propios realizados, no se ha acreditado la mayor eficiencia de recurrir a este instrumento.
RECOMENDACIONES
El organismo ha ofrecido en el informe recomendaciones a la agencia, con el objeto de "fortalecer las debilidades observadas". Ha señalado que se deberían concluir las gestiones iniciadas al objeto de regularizar las obligaciones pendientes de pago y depurar los saldos de las cuentas extrapresupuestarias.
En cuanto a las subvenciones, ha recomendado agilizar las tareas de comprobación tanto de la documentación aportada para la concesión como de la documentación justificativa, emitir las resoluciones que procedan con la máxima celeridad, y agilizar el control y seguimiento de los libramientos pendientes de justificación. Además, se deberían iniciar las acciones necesarias para el reintegro de las cantidades percibidas por los beneficiarios que no hayan cumplido con las condiciones de subcontratación establecidas.
En el ámbito personal han destacado que se deberían elaborar e implantar manuales de procedimientos, dictar instrucciones para homogeneizar el contenido de los expedientes de personal y tomar medidas para mejorar la tasa de absentismo y han propuesto realizar una adecuada planificación de las actividades contractuales y evitar recurrir a la contratación o los encargos a medios propios para suplir carencias estructurales del personal.
En relación con la fiscalización operativa, el organismo ha explicado que sería recomendable establecer objetivos e indicadores que sirvan para evaluar la eficacia, la eficiencia, la economía y la equidad, y por último ha destacado que se deberían racionalizar los servicios prestados, de manera que se consiga una gestión eficiente a la vez que se garantiza la atención de las mujeres.
