Actualizado 30/06/2020 10:32:50 +00:00 CET

La Cámara de Cuentas ratifica el incumplimiento de los objetivos de déficit, deuda y de gasto de Andalucía en 2018

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, recibe el informe de la Cuenta General de 2018 de la Junta de Andalucía del presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López.
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, recibe el informe de la Cuenta General de 2018 de la Junta de Andalucía del presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López. - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la Cuenta General de la Junta de Andalucía de 2018 ha ratificado, entre los incumplimientos del Presupuesto de 2018, el de los compromisos de estabilidad presupuestaria. El déficit registrado, de 813 millones de euros, el 0,51% del PIB regional, frente a un objetivo de estabilidad presupuestaria del 0,4%, así como la regla de gasto, con una tasa de variación del gasto computable del 5,8% frente al límite del 2,4% fijado, y del objetivo de deuda pública, fijado en un 22% y que fue de un 22,1%.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, ha hecho entrega este martes del informe, así como de la Memoria de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 2019 y del Plan de Actuaciones de 2020 a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet.

En cuanto al resultado del ejercicio, según ha informado la Cámara de Cuentas por medio de una nota, no se hace un seguimiento contable de los gastos financiados con endeudamiento a largo plazo, aun cuando parte de esta fuente de financiación tiene carácter afectado, según la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública.

El informe de la Cámara de Cuentas traslada que del análisis de las principales magnitudes se desprende, de un lado, una evolución positiva de un conjunto de variables que evidencian un mantenimiento o fortalecimiento de la situación financiera de la Junta de Andalucía, y de otro, la existencia de debilidades que habría que corregir para una mayor sostenibilidad de las cuentas públicas.

En el caso del Presupuesto de gastos, la Cámara de Cuentas ha trasladado el importe de las obligaciones no imputadas a presupuesto y que están pendientes de pago, contabilizadas en la cuenta 413, no computadas a efectos del cálculo del remanente de tesorería, asciende a 1.491,95 millones de euros, de los cuales 599,60 millones son de la Junta de Andalucía y 892,35 son de distintas agencias. Dentro de las agencias, el mayor saldo corresponde al Servicio Andaluz de Salud con 812,52 millones.

En el apartado de los ingresos, la Cámara de Cuentas ha planteado que Andalucía tendrá que seguir afrontando la devolución de los saldos negativos de las liquidaciones de la financiación autonómica de 2008 y 2009, pendientes de compensar. A 31 de diciembre de 2018 el total pendiente de devolver asciende a 2.902,40 millones de euros, 573,46 millones corresponden a la liquidación de 2008 y 2.328,94 a 2009.

La Cámara de Cuentas ha advertido que los derechos reconocidos de la liquidación del presupuesto de ingresos y los del estado del resultado presupuestario del ejercicio no coinciden, y que obedece a un ajuste efectuado en el resultado por unos derechos de 2015 anulados y que se han reconocido y recaudado en 2018. Los derechos reconocidos de ambos estados deben coincidir y ser coherentes entre ellos.

RESULTADO DEL EJERCICIO

El estado del resultado presupuestario de la Junta de Andalucía se presenta ajustado por unos créditos financiados con remanente de tesorería no afectado por importe de 96,14 millones de euros, a pesar de que el remanente de tesorería no afectado del ejercicio anterior es inferior a dicha cifra, 60,83 millones.

Los créditos generados corresponden al Servicio Andaluz de Salud y por tanto no procede tal ajuste en el estado de la Junta de Andalucía sino únicamente en el consolidado y, en su caso, en el de la agencia administrativa citada.

Otros incumplimientos señalados por la Cámara de Cuentas en su informe del ejercicio presupuestario 2018 apuntan a que el 75,31% de entidades de la Junta de Andalucía no disponían en 2018 de política de seguridad TIC, así como que con carácter general no se realizan las auditorías previstas para verificar el cumplimiento de los requerimientos del Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Ha advertido la Cámara de Cuentas de las entidades que no han designado al Delegado de Protección de Datos (DPD).

AUSENCIA DE PLANES DE IGUALDAD EN CONSEJERÍAS

Sobre la perspectiva de género en el presupuesto, en 2018 no se encontraba vigente ningún Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres, incumpliendo la Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como tampoco existían los planes de igualdad en todas las consejerías.

De los 44 programas G+, que son aquellos con un mayor impacto y capacidad transformadora desde el enfoque de género, un 20,45% (9) no tiene definido objetivo relacionado con la perspectiva de género.

En relación con las modificaciones presupuestarias, no se realiza una adecuada valoración del eventual impacto que las modificaciones pueden tener en los objetivos de gasto programados.

Sobre las sociedades mercantiles la Cámara de Cuentas ha puesto de manifiesto el incumplimiento de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía por la Radio y Televisión de Andalucía, por cuanto, a través de la transferencia de financiación de explotación aprobada en su programa de actuación, inversión y financiación (PAIF), realiza aportaciones, por un importe previamente determinado en el presupuesto, a su filial Canal Sur Radio y Televisión (CSRT) para financiar la actividad de esta.

CSRT registra íntegramente como ingreso el importe recibido, a pesar de que en el ejercicio 2018 las aportaciones de la matriz superan en 0,50 M€ el déficit de financiación de la filial.

Un tercio de las entidades públicas empresariales participadas mayoritariamente por la Junta de Andalucía incumplen el período de pago previsto.

En el caso de las fundaciones del sector público, los informes de auditoría que según su normativa específica están obligadas a auditarse, son firmados por empresas privadas de auditoría, cuando de acuerdo con la Ley de Hacienda Pública, esta responsabilidad debe ser asumida por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA).

CUMPLIMIENTO DE MAGNITUDES

La Cámara de Cuentas ha señalado la mejora de las magnitudes del estado del resultado presupuestario consolidado, entre las que ha señalado, el saldo no financiero: -126,75 millones (-554,89 millones en 2017); el resultado presupuestario: -61,72 millones (-330,27 millones en 2017); el saldo presupuestario: 853,75 millones (655,51 millones en 2017) y el superávit de financiación: 708,23 millones (801,65 millones en 2017).

La Cámara de Cuentas ha señalado el incremento en los derechos reconocidos y en la recaudación neta consolidados. Los derechos reconocidos netos (DRN): 34.818 millones (33.425 millones en 2017), frente a unas obligaciones reconocidas de 33.718 millones (32.770 millones en 2017).

Mientras que los DRN operaciones no financieras han sido 29.739 millones (28.225 millones en 2017), mientras que en las operaciones financieras han sido 5.079 millones frente a 5.200 millones en 2017.

La Cámara de Cuentas ha trasladado que la recaudación neta ha sido de 33.542 millones frente a los 32.218 millones de 2017.

De igual forma ha señalado el mantenimiento de un alto grado de ejecución de gasto y aumento del grado de pago. El grado de ejecución gastos ha sido de un 93,27%, frente a un 93,34% en 2017; mientras que el grado de pago ha sido de un 97,62% frente al 95,99% de 2017.

También ha mejorado el grado de ejecución de ingresos y mantenimiento del grado de recaudación. La ejecución de ingresos ha sido de un 96,31%, frente a un 95,20% en 2017; mientras que el grado de recaudación ha sido de un 96,34%, frente a un 96,39% en 2017.

Respecto al periodo medio de pago, se ha situado en 22 días, cifra que hace de Andalucía la tercera comunidad autónoma de España con mejor ratio.

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