SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, tras realizar las pertinentes comprobaciones en los listados del Complemento al Rendimiento Profesional (CRP), ha detectado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "no ha previsto pagar a sus profesionales los remanentes de este complemento de productividad".
Según un comunicado, el responsable del Área de Negociación Colectiva de la FSS-CCOO, Jesús Cabrera, ha asegurado que "además, en algunos casos, se han contemplado incluso cuantías inferiores a las correspondientes en función de las notas colectivas e individuales, señalando que los remanentes que se pueden pagar tienen el límite en el 120 por ciento del máximo de los objetivos".
Ante esta situación, esta organización sindical señala que se ha puesto en contacto con la Dirección General de Profesionales del SAS y ésta última "ha confirmado que, a diferencia de los dos años anteriores en los que sí se abonaron los remanentes, este año no se van a pagar porque el crédito presupuestado se agotó al subir las notas de evaluación de forma global con respecto al pasado año".
"Esto es absolutamente injustificable, puesto que se desincentiva y desnaturaliza un concepto salarial cuyo cometido es retribuir el especial esfuerzo colectivo e individual de los profesionales, siendo una parte importante de la masa salarial", ha asegurado el dirigente sindical, que ha reclamado al SAS que solucione esta situación y "pague lo adeudado" y le reprocha que "ni siquiera haya comunicado su decisión unilateral en Mesa Sectorial".
La FSS-CCOO Andalucía ha recordado que, desde el año 2012, con la aplicación de la Ley 3/2012, no sólo se redujo un 10 por ciento las cuantías establecidas --se recuperará un 5 por ciento en 2018 y un 5 por ciento en 2019, tras la firma del Acuerdo de Función Pública--, sino que adicionalmente se dejaron de pagar remanentes en los años 2012, 2013 y 2014.
Asimismo, se limitó el pago de los mismos al máximo del 120 por ciento en los años 2015 y 2016, lo que representa una reducción total anual por encima del 20 por ciento (de más de 240 millones anuales que se abonaban en 2011 a algo más de 191 millones de euros en 2016).
