Un ciudadano pide al Parlamento andaluz que diseñe un protocolo sobre el uso de obras de arte por administraciones

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía tramita actualmente una iniciativa presentada por un ciudadano particular acogiéndose al "derecho de petición" reconocido en la Constitución española, que solicita, "en esencia", que la Cámara autonómica "examine la necesidad de establecer protocolos, recomendaciones y controles para garantizar que las administraciones públicas andaluzas utilicen obras artísticas protegidas respetando" cuestiones como "la autoría" de las mismas.

Así se detalla en un informe de los servicios jurídicos del Parlamento, que responde a la referida iniciativa registrada por un ciudadano que es autor de varias obras de arte que se encuentran "documentadas mediante solicitudes e inscripciones ante el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Andalucía", según detalla él mismo en su escrito presentado a finales del pasado mes de julio, al que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, el impulsor de esta iniciativa ha solicitado que "el Parlamento de Andalucía examine la necesidad de establecer protocolos, recomendaciones y controles para garantizar que las administraciones públicas andaluzas utilicen obras artísticas protegidas respetando la autoría; la autorización previa; los límites territoriales y temporales de las licencias; el reconocimiento público de la paternidad; la remuneración de los creadores, y la conservación de la documentación relativa a la titularidad y autorización de uso".

El escrito se dirigía a la Mesa del Parlamento para que, a su vez, desde el órgano de gobierno de la Cámara se remitiera "a la Comisión de Peticiones y, en su caso, a la comisión parlamentaria competente en materia de cultura y Administración local".

Al hilo del uso que por parte de los ayuntamientos de Granada y Sevilla se ha hecho de sus obras de arte, el referido autor considera que es conveniente "establecer protocolos comunes para todas las administraciones andaluzas que pretendan utilizar obras protegidas".

Así, sostiene que, "antes de utilizar una obra", la administración en cuestión "debería identificar al autor o titular de los derechos; comprobar documentalmente la cadena de titularidad; obtener una autorización escrita; delimitar el territorio autorizado" y "la duración de la autorización; identificar los soportes y modalidades de uso; determinar el número de reproducciones" y "prohibir la cesión o sublicencia a terceros sin autorización expresa".

También, "reconocer públicamente la paternidad de la obra; establecer la remuneración o compensación correspondiente; conservar contratos, licencias, planos, archivos y comunicaciones; designar una unidad responsable de verificar estos extremos; actuar inmediatamente cuando el autor formule oposición" y "establecer medidas de retirada, rectificación y reparación cuando se produzca un uso no autorizado".

Entre otras cuestiones, el solicitante pide "a la Mesa del Parlamento de Andalucía y, en su caso, a la Comisión de Peticiones", que "examine la necesidad de establecer protocolos públicos y homogéneos para el uso de obras protegidas por las Administraciones andaluzas; que valore formular recomendaciones a la Junta de Andalucía, diputaciones, ayuntamientos y demás entidades públicas", y también "recomendar la inclusión de cláusulas específicas de propiedad intelectual en contratos, pliegos y encargos públicos".

Asimismo, el solicitante pide que el Parlamento "valore la creación de mecanismos de orientación, mediación y reclamación para los creadores cuyos trabajos sean utilizados por administraciones públicas", y que "recomiende la actuación inmediata de las administraciones cuando un autor denuncie un uso no autorizado", así como que "estudie la conveniencia de promover iniciativas parlamentarias sobre la protección de los creadores andaluces".

En síntesis, el ciudadano concluye que la "finalidad" de su iniciativa es "promover una actuación institucional de carácter general para mejorar la protección de los autores y evitar que las administraciones utilicen obras protegidas sin autorización, reconocimiento y compensación adecuada".

INFORME DE SERVICIOS JURÍDICOS

La Mesa del Parlamento abordó esta solicitud en una reunión el pasado 29 de julio, en la que "acordó su remisión" a los Servicios Jurídicos de la Cámara "para la emisión del correspondiente informe, conforme a lo dispuesto en el artículo 49.2.2ª del Reglamento".

Así se detalla en el informe firmado por una letrada del Parlamento, consultado por Europa Press, que enmarca dicha iniciativa ciudadana en el "derecho de petición" reconocido en el artículo 29 de la Constitución española, que establece que "todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley".

El mismo informe alude también a la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, "cuya Disposición adicional primera establece que las peticiones dirigidas a las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas se tramitarán de conformidad con lo establecido en sus respectivos Reglamentos".

Desde los servicios jurídicos de la Cámara andaluza han considerado que "el contenido de las peticiones formuladas" por dicho ciudadano "se encuentra dentro del ámbito competencial del Parlamento de Andalucía", ya que, en este caso, "los intereses afectados son públicos o generales andaluces, lo que guarda relación con las competencias y atribuciones del Parlamento de Andalucía, al tratarse éste de una institución representativa del pueblo andaluz a la que le corresponde el control del Gobierno".

Además, sostiene el informe que "los hechos y las actuaciones que motivan las peticiones tienen relación con las competencias reconocidas a la Comunidad Autónoma", y concluye que "los escritos presentados" por el referido autor de obras de arte "deben ser considerados como ejercicio del derecho de petición".

"Atendiendo a las consideraciones expuestas, los escritos analizados pueden ser considerados como una manifestación del derecho de petición y por ello, si se estima pertinente, procede dar traslado de los mismos a los diputados y grupos parlamentarios, para que, si así lo consideran, puedan realizar las actuaciones necesarias para atender a lo solicitado", razona la letrada que firma este informe de los servicios jurídicos del Parlamento, con fecha del pasado 31 de julio.