CORDOBA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, Concepción Gutiérrez (PSOE), y la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), coincidieron hoy en calificar como "discrepancias técnicas" lo que ha llevado a ambas instituciones a enfrentarse en los tribunales, a cuenta del Plan Especial de la Carretera de Palma del Río.
En este sentido y declaraciones a los periodistas, Gutiérrez recordó que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba, en el que, según la Junta, no encaja el referido Plan Especial, "se aprobó en 2001 fruto de la coordinación y el consenso previo, y con una participación ciudadana envidiable", de tal forma que, a partir de ahí, "todos los planes de desarrollo del PGOU se han consensuado y el que exista un conflicto que se plantee en los tribunales lo que da es precisamente mayor credibilidad a esa voluntad de diálogo y coordinación".
A este respecto, Gutiérrez, quien hoy asistió con Aguilar a la apertura de los nuevos puntos de información y del mirador del Puente Romano, señaló que esa buena relación institucional es la que permite que, "cuando hay una discrepancia técnica, pues no hay ningún problema en que el ordenamiento jurídico funcione y que sea el Tribunal Contencioso-administrativo el que lo resuelva, es decir, bajo ningún concepto yo planteo eso como un conflicto, sino como una discrepancia que deben resolver los tribunales y así lo hemos visto siempre, tanto la alcaldesa como yo cuando hemos hablado de este tema".
Por su parte, la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, dijo que "hay una cosa clara, y no sólo por los actos de hoy, sino por las muchas actividades que en nuestra ciudad se desarrollan por parte de la Consejería de Obras Públicas y el Ayuntamiento de manera coordinada, y es que la colaboración y la cooperación entre la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba es una realidad que se manifiesta día a día en nuestra ciudad".
Así, Aguilar afirmó que entre ambas instituciones "hay diálogo y acuerdo permanente, y cuando ha surgido una discrepancia técnica hemos dicho que se resuelva en el ámbito que debe hacerse, que es el de los tribunales, pues, ni la consejera, ni la alcaldesa vamos a decir a los técnicos lo que tienen que hacer o decir, pues cada técnico mantiene su independencia y su libertad a la hora de informar y, por tanto, cuando la discrepancia se sitúa en el espacio de lo técnico, lo razonable y lo lógico es que resuelva el ámbito judicial".
"Lo cual no quita --concluyó Aguilar-- que la colaboración se haga efectiva y eficaz en la ciudad, como hoy podemos comprobar, y que los proyectos que teníamos previstos salgan adelante, porque los necesita Córdoba y porque tenemos muy claro, en la Consejería de Obras Públicas y en la Alcaldía, que la cooperación y la colaboración es el camino adecuado".
EL RECURSO
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía interpuso el pasado mes de abril ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Córdoba por el que se aprobó de forma definitiva el texto refundido del Plan Especial de la Carretera de Palma del Río.
Según informó ya la Junta, dicho recurso tiene como base que, en su momento, la Consejería de Obras Públicas emitió ante este Plan un informe desfavorable, que no fue tenido en cuenta por el Ayuntamiento de Córdoba, lo que ha motivado el recurso interpuesto por la Consejería tras la aprobación definitiva del Plan por el Pleno del Ayuntamiento cordobés, que tuvo lugar el pasado 12 de enero.
El recurso se basa en la posible modificación de usos de la zona a la que se refiere el Plan Especial y en la ampliación del volumen de edificabilidad de las llamadas naves de Colecor, que levantó en el lugar, sin licencia y en su momento en suelo no urbanizable, la empresa Arenal 2000, y cuya regularización se permitiría con el Plan Especial.
A juicio de la Junta, esta operación requeriría una innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y no sólo un Plan Especial, de la misma forma que se considera desde la Junta que la acción urbanística debe adecuarse a las recomendaciones de la Consejería de Cultura, dado que la zona está en las inmediaciones del conjunto arqueológico de Medina Azahara, en un ámbito geográfico declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
POSTURA MUNICIPAL
Por su parte, el primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Andrés Ocaña, ya dijo a Europa Press, que el texto aprobado por el Pleno "incluyó correcciones que nos pidió Obras Públicas, pero, sobre otras cuestiones, que son de competencia municipal, como la relativa a decidir respecto a los usos del suelo que son compatibles, no le dimos la razón a la Junta".
A juicio de Ocaña, "parece que elementos como éste se quieren obviar de manera intencionada, pues estamos hablando de una tramitación respecto a la que la Administración autonómica tiene unas funciones y la Administración local tiene otras, y desde el Ayuntamiento no hemos hecho otra cosa que ejercer nuestras competencias en materia urbanística y yo no entiendo que eso sea recurrible, pero no pasa nada si así es, pues estamos en un Estado de Derecho y quien entienda que tiene que hacer valer otras cuestiones y buscar que se le dé la razón en los tribunales puede hacerlo tranquilamente".
En cualquier caso el también presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) dijo no tener al respecto motivo de preocupación, "pues el informe técnico de la GMU --en cuanto al encaje en la normativa del Plan Especial-- es lo suficientemente solvente como para tener la seguridad de que se ha hecho lo que se debía", desarrollando el Plan Especial de la Carretera de Palma del Río, según la propuesta redactada por Arenal 2000, pero bajo control y tramitación municipal y en base a lo previsto para dicha zona en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La modificación del planeamiento urbanístico de la zona en cuestión, para regularizar las naves de Arenal 2000 y otras situaciones similares de empresas de carácter industrial en el entorno de la antigua factoría lechera de Colecor, obtuvo el voto afirmativo en el Pleno del gobierno municipal de IU y del grupo popular, frente al voto contrario de los socialistas, que hicieron alusión al citado informe de la Junta crítico con el Plan y a un posible "trato de favor" al industrial cordobés Rafael Gómez, titular de Arenal 2000.
