CSIF-A pide cambios en las sanciones de las agresiones a empleados públicos de centros sanitarios, que han subido un 22%

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía reclama una serie de modificaciones de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, con el objetivo de adecuar el régimen sancionador establecido ante casos de agresiones a los empleados públicos que trabajan en centros del sistema sanitario público a la realidad actual, "de manera que sirva de medida disuasoria frente a conductas de este tipo, que lamentablemente continúan en aumento en la comunidad autónoma y que subieron un 22% en 2019".

Según un comunicado, CSIF-A ha registrado a través de su sector de sanidad una propuesta dirigida a la Consejería de Salud y Familias de la Junta en la que plantea una serie de modificaciones en dicha norma, que sirvan para "frenar" las agresiones a los empleados públicos en el ámbito sanitario, contra las cuales se conmemora este jueves el Día Europeo.

Concretamente, apunta que en 2019 fueron 1.507 (1.218 no físicas y 289 físicas) las agresiones a profesionales en el ámbito sanitario registradas en Andalucía, lo que representa un incremento superior al 22% en relación a las contabilizadas el año anterior, que fueron 1.234 (967 no físicas y 275 físicas), según los datos facilitados por el propio SAS.

En concreto, las modificaciones de la Ley 16/2011 que plantea CSIF-A van en la línea de que "todas las infracciones sean explícitamente expresadas", de forma que no existan márgenes de interpretación para que alguna de las conductas de este tipo queden sin sancionar, según el documento registrado por el sector de sanidad del sindicato.

PIDE QUE LA JUNTA ACTÚE DE OFICIO EN LOS CASOS MUY GRAVES

Asimismo, CSIF-A propone un nuevo apartado en la citada norma para que en los supuestos referidos a las infracciones muy graves, la competencia para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores, así como el ejercicio de la postestad sancionadora corresponda a los órganos de la Consejería competente en materia de salud. Con ello, el sindicato propone que la Administración sanitaria actúe de oficio en estos casos.

Otro de los cambios que propone la central sindical es incluir un nuevo apartado con el que quedarían incluidos todos los empleados públicos que trabajan en estos centros. Igualmente, los insultos y las faltas de respeto, que actualmente no están incluidos como infrancciones muy graves, quedarían recogidos en el régimen sancionador de la Ley de Salud Pública de Andalucía, en virtud de la propuesta realizada por el sindicato.

Respecto al Plan de Prevención y Atención de agresiones para los profesionales de sistema sanitario público andaluz, aprobado recientemente en Mesa Sectorial, CSIF-A ha valorado el consenso alcanzado entre los sindicatos respecto a este documento, si bien ha querido matizar que "llama poderosamente la atención que los principios sobre los que se basa dicho plan, se pase de puntillas por las obligaciones de los usuarios, dejando su cumplimiento a la voluntariedad, puesto que no se contempla regulación sancionadora alguna".

Precisamente, por ello, y ante el incremento constante del número de agresiones en este ámbito, CSIF-A espera que la Administración sanitaria andaluza tenga en cuenta sus propuestas con el objetivo de "acotar más, si cabe, las conductas reprobables y dotar al SSPA de los instrumentos normativos necesarios que sirvan para disuadir a potenciales agresores", según ha manifestado el presidente del Sector de Sanidad de CSIF-A, Victorino Girela.

"Son datos intolerables ante los que hay que actuar e implementar las modificaciones necesarias en la norma para que este tipo de acciones tengan consecuencias para los infractores", ha añadido Girela, que ha subrayado que "CSIF Andalucía continuará trabajando para que los profesionales que trabajan en el Sistema Sanitario Público de Andalucía lo hagan en las mejores condiciones y con la mayor seguridad posible".