SEVILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, con Jesús Maeztu al frente, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior interesándose por el funcionamiento del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (Ctpda), tras las quejas recibidas por la institución "denunciando básicamente incidencias y retrasos en el funcionamiento como órgano de control".
En el texto de la queja, consultado por Europa Press, la Defensoría apunta que la institución viene recibiendo en los últimos ejercicios "numerosas quejas" referentes al ejercicio del derecho de acceso a información y documentación pública y las "dificultades o limitaciones" que los ciudadanos encuentra en el ejercicio de ese derecho ante las administraciones públicas.
Señala que el número de expedientes de queja en materia de transparencia pública desde la entrada en vigor de la normativa autonómica (Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia de Andalucía), "ha ascendido a 70".
Dentro de ellos, concreta que el total de expedientes de queja directamente afectados por la tramitación de las reclamaciones por la autoridad autonómica independiente de control "ha sido de 11 quejas desde la constitución del Consejo de Transparencia y el comienzo de su actividad, lo que se produjo en el segundo semestre de 2016".
De este modo, explica que en las quejas que afectan al Ctpda, los promotores "denuncian básicamente incidencias y retrasos en el funcionamiento como órgano de control en esta materia". Así, entre otras cuestiones, "denunciaban en unos casos inactividad del Consejo; en otros, la no ejecución de sus resoluciones; reclamación contra la resolución del Consejo y, mayoritariamente, el incumplimiento de los plazos de respuesta y resolución legalmente establecidos por parte del propio Consejo".
"En estos últimos expedientes de queja, siempre las respuestas del Ctpda a las peticiones de informe y colaboración de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz han sido diligentes y acordes a su disponibilidad de medios personales y materiales", señala el Defensor, que añade que, no obstante, "últimamente, se vienen produciendo demoras o retrasos en el dictado de resoluciones por parte del Consejo, así como en el traslado de las mismas al Defensor".
En particular, añade, "estas dilaciones se producen cuando se trata de reclamaciones frente a las administraciones locales, habiéndose detectado retrasos de hasta 10 meses", unos plazos "inadecuados si se tiene en cuenta que la norma estatal básica, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su artículo 24.4, que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución (formulada ante el Consejo de Transparencia), será de tres meses".
"LOS RETRASOS PUEDEN COMPORTAR UN INEFICAZ CONTROL"
"Consideramos que, en estos casos, el retraso producido puede afectar al derecho de acceso a información y documentación públicas conforme a las previsiones establecidas en el artículo 105 b) de la Constitución Española", apunta, para añadir que "a su vez, tales retrasos pudieran comportar un ineficaz control por el Consejo en el cumplimiento del deber y obligaciones de transparencia en la actividad pública de las administraciones y entidades concernidas".
En opinión de la Defensoría, el Ctpda y las referidas Administraciones y entidades del sector público "deben actuar con mayor adecuación a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la Ley y al Derecho", previstos la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre "los que figura el de transparencia con objeto de lograr un alto grado de garantía de los derechos de los ciudadanos y de cumplimentación respecto de las obligaciones administrativas en la materia indicada".
Así, la institución ve "oportuno tomar mayor conocimiento de la situación existente, de las repercusiones negativas habidas o producidas respecto del derecho de acceso a la información y documentación públicas por parte de la ciudadanía y de las obligaciones y principios de actuación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía".
De este modo, el Defensor del Pueblo andaluz inicia una actuación de oficio para que Presidencia le informe de las dotaciones presupuestarias anuales para el Consejo incluidas en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía, desde 2016, años de su puesta en funcionamiento, hasta el último presupuesto anual aprobado, así como la relación de puestos de trabajo hasta 2019.
Solicita también una valoración general sobre la "suficiencia o necesidades" de recursos económico presupuestarios y de medios personales y materiales del Ctpda, y detalles sobre las previsiones de futuro (a corto y medio plazo) con que cuente la Junta de Andalucía para tratar de mejorar el funcionamiento y actuación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
