Archivo - Turistas en el Puente Romano de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo
CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La junta directiva de la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (Avacor) ha mantenido una reunión de trabajo con el delegado de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía en Córdoba, Alejandro Hernández, a quien han presentado "un dossier de propuestas orientado a garantizar la viabilidad de las viviendas de uso turístico (VUT), las casas rurales (CR) y las viviendas turísticas de alojamiento rural (VTAR) de la provincia".
Según ha informado Avacor en una nota, bajo el lema de 'Queremos formar parte de las soluciones, no ser tratados como el problema', la directiva de la referida asociación ha trasladado al delegado la "urgente necesidad de establecer un canal permanente de diálogo institucional y poner fin a la discriminación y la sobrecarga regulatoria que sufren las familias, propietarios particulares y pequeños gestores de viviendas locales".
Entre sus principales peticiones, Avacor ha solicitado formalmente "el impulso de una Mesa Provincial de Turismo, con representación efectiva del sector del alojamiento turístico reglamentado en sus distintas modalidades". A este respecto, la asociación defiende que "no se puede decidir el futuro de la oferta turística de Córdoba sin escuchar a quienes integramos este sector".
Además, el colectivo ha expresado su "profunda preocupación por las restricciones aplicadas en la capital" de la provincia, "como la moratoria de licencias urbanísticas a tres años", y han avisado que "estas medidas se dirigen exclusivamente contra las VUT, mientras se otorga manga ancha para la continua apertura de grandes complejos hoteleros y apartamentos turísticos controlados por fondos de inversión".
Desde Avacor han subrayado que sus alojamientos "no atienden únicamente al turismo vacacional. Cumplen una función social indispensable dando cobertura a familias, pacientes en tratamiento médico en Córdoba, trabajadores temporales, estudiantes y visitantes que buscan una oferta asequible, habiéndose ofrecido incluso de forma solidaria a las familias afectadas por el grave accidente del AVE en Adamuz y la puesta a disposición de los mismos durante el apagón de los días 28 y 29 de abril del pasado año".
Para Avacor, "su eliminación o restricción desmedida dejaría fuera de la provincia a miles de visitantes y estrangularía la economía local", cuando, además, afirman no ser "la causa del problema residencial" y, de hecho, durante la reunión, la directiva de Avacor ha rechazado "que se atribuya de forma generalizada a los alojamientos turísticos la responsabilidad de la escasez o el precio de la vivienda".
La asociación ha enfatizado que "el acceso a la vivienda requiere soluciones estructurales públicas, como la agilización de licencias, el fomento de la construcción social y la rehabilitación, y ha exigido que cualquier decisión normativa se tome basándose en datos objetivos y no en prejuicios".
Junto a ello, Avacor ha alertado sobre "el impacto acumulado de los recientes reales decretos leyes en materia fiscal, tales como la aplicación del 10% de IVA o incrementos del IBI de entre el 50% y el 150%", a lo que se ha sumado "el encarecimiento de tasas municipales, como las de residuos (Sadeco) o agua (Emacsa)".
La asociación ha recordado que "en multitud de pequeños municipios de la provincia de Córdoba, las VUT, casas rurales y VTAR representan la única oferta de alojamiento disponible, siendo una vía crucial para complementar rentas familiares agrícolas y ganaderas, además de actuar como motor económico para el comercio local, la hostelería de barrio, y los servicios de limpieza y mantenimiento".
Las principales peticiones planteadas por Avacor a la Delegación de Turismo de la Junta son la creación de "la Mesa Provincial de Turismo", como "un foro técnico con participación activa de Avacor", la realización de un "estudio de impacto real", sobre "la contribución económica, fiscal y de empleo local en la provincia", también que se garantiza "la competitividad en condiciones justas frente a grandes cadenas hoteleras y operadores de inversión", a la vez que produce un "alivio de la presión fiscal", y se crea un "canal directo de comunicación permanente con la Delegación Territoria,l para evaluar el desarrollo normativo".
